Los partidos que integran el gobierno local de Ferrol y el grupo municipal del BNG respaldaron ayer al Comité Cidadá de Emerxencia en su petición de que Reganosa paralice su actividad ante las sentencias emitidas recientemente por el Tribunal Supremo.
El colectivo anunció que el próximo día 9 de agosto presentará un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Dirección General de Política Energética y Minas, que a principios de julio resolvió la nueva autorización administrativa y aprobó el proyecto de ejecución que había anulado dos meses antes el Alto Tribunal.
Este recurso se suma al interpuesto hace unas semanas contra el acuerdo del Consejo de Ministro, que eximió a la planta regasificadora de someterse a una nueva evaluación medioambiental, la cual también había revocado el Supremo.

insumisión del gobierno
La primera teniente de alcalde de Ferrol, Beatriz Sestayo, trasladó el apoyo explícito de su partido y del gobierno municipal a la ejecución de las sentencias judiciales.
“Estamos ante gobiernos insumisos que no acatan la legalidad y, por lo tanto, habría que explorar la posibilidad de que estuviesen incurriendo en un delito de desobediencia”, manifestó la socialista.
Por su parte, la diputada nacional de En Marea, Yolanda Díaz, explicó que en cuanto se pongan en marcha los plenos y las comisiones parlamentarios se empezarán a debatir todas las iniciativas presentadas por su agrupación respecto al cierre de Reganosa y a las decisiones adoptadas por el gobierno para “volver a legalizar la planta”.
Suso Basterrechea –Ferrol en Común– e Iván Rivas –BNG– se pronunciaron en los mismos términos que el resto de portavoces y calificaron de “inmoral” que un gobierno que no está legitimado adopte este tipo de decisiones.