El exfiscal Anticorrupción y prestigioso jurista Carlos Jiménez Villarejo estará mañana a las 20.00 horas en el Centro Carvalho Calero invitado por la asociación Fuco Buxán para hablar de su libro “Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial”.

¿En qué elementos pervive el franquismo en el sistema jurídico español?

Hay varios frentes abiertos. El primero es la notoria falta de respuesta judicial al tema de las despariciones en España durante la Guerra Civil y el franquismo, detenciones ilegales de personas fieles a la República de las que nunca se ha vuelto a saber nada. Durante los últimos años se han producido esfuerzos particulares para abrir fosas comunes y exhumar restos, identificarlos y enterrarlos de forma digna, no como animales. Ante esto la respuesta judicial ha sido nula o con escasas excepciones entre jueces de instrucción de toda España. A día de hoy se han abierto unas 300 fosas comunes y recuperado los restos de unas 5.000 personas. Desaparecidos en su conjunto hubo unas 120.000 personas. En concreto en el auto del juez Garzón de octubre de 2008 figuran 114.266 personas, una cifra que fue aumentando hasta que le retiraron las competencias. Unos hechos que son un insulto a la memoria colectiva democrática y a los familiares que tienen derecho a una reparación. Todo este dato es reprochable al poder judicial español en su conjunto, salvando alguna excepción. Esto ya justifica un libro como en nuestro. Hay otras cuestiones vivas. A consecuencia de la actitud hostil de la sala de lo militar del Tribunal Supremo a lo largo de los años no ha habido manera de que declaren la nulidad de los juicios celebrados por los consejos de guerra franquistas desde 1939 hasta el año 64, en que se crea el TOP, y hasta la muerte de Franco. La sala de lo militar se han negado a admitir la nulidad de esos juicios cuando eran nulos de raíz, porque los consejos de guerra no eran tribunales, carecían de garantías y es una barbaridad que a quienes han recurrido pidiendo esa anulación, como la nieta del poeta Miguel Hernández, la Generalitat por la condena  muerte del presidente Companys, etc., se les haya dado un portazo por considerar que ese era el ordenamiento jurídico de la época. Esto es un atentado en un estado de derecho.

Con relación a las últimas décadas, ¿qué temas observa?

Ya en democracia, y tras la aprobación de la Constitución, hubo una larga connivencia del poder judicial con las fuerzas de la extrema derecha y con una policía acostumbrada a los métodos franquistas. En el libro se revelan diversas sentencias que hablan de complacencia e impunidad ante hechos ocurridos en democracia. También hay otros frentes como el hecho de que hasta 2011 no se aprueba la Ley de Reforma del Registro Civil, una norma para que los jueces admitan la incripción de las personas desaparecidas tras 60 años pidiendo que se aporten testigos de referencia. ¿Cómo se van a entregar testigos de referencia de una detención ilegal practicada de forma clandestina y de un fusilamiento y enterramiento? Luego, ha habido recientes resoluciones en 2012 respecto al conflicto entre la libertad de expresión e información acerca de la represión franquista frente al derecho al honor de familiares de los represores. Pues bien, ha habido varios pleitos en los que incomprensiblemente se ha protegido el derecho al honor de aquellos familiares frente al derecho a la información. Es algo tan increíble que el grupo de desapariciones forzadas de la ONU estará en septiembre en España para investigar este tema junto con otros dos países: Libia y Siria. Esto ilustra un nivel de irresponsabilidad histórica notable.

Usted conoce al juez Garzón, para muchos su expulsión es la  visibilización de esa pervivencia del franquismo. ¿Qué opinión le merece su situación?

Los dos últimos capítulos del libro están dedicados a la causa que el inició, el famoso sumario 53/2008 que trató de instruir y fue sometido a un acoso total de la fiscalía de la Audiencia Nacional hasta que le privaron de competencia. Fue la respuesta brutal del aparato judicial conservador frente al primer intento judicial en España de perseguir los crímenes de la dictadura franquista y el golpe militar del 36. Lo que ha ocurrido después, y a pesar de ser absuelto, ha permitido al Tribunal Supremo llegar a una conclusión que es un dislate jurídico, que los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo no puedan ser perseguidos a través de figuras como la prescripción y la ley de amnistía, cuando es evidente que eso no es admisible desde el punto de vista del derecho internacional y los derechos humanos. En definitiva, con el juez Garzón lo que se ha hecho a parte del golpe humano, personal y profesionalmente, ha sido un golpe durísimo contra las víctimas del franquismo, que en España se hallan en el más absoluto desamparo judicial.

El tema de la corrupción en España parece un grifo abierto, desde Bárcenas a los EREs andaluces o la Casa Real. ¿Esto tiene fin?

Se está desvelando gracias a  los medios de comunicación, a los que hay que agradecer su contribución a crear un estado de opinión favorable en un sentido crítico. Esta es la culminación de un proceso en el que se ha visto que no se han adoptado medidas elementales para prevenir la corrupción y evitar este desastre, entre ellos el tema de la financiación de los partidos políticos, su radical supresión de su financiación privada, la reducción de los costes de la política, tanto en campaña electoral como a diario, y un evidente control de los ingresos de los cargos públicos, de concejales a diputados. Sobre esto ha habido muchos vaivenes y pocas resoluciones y una falta de control absoluto. El Tribunal de Cuentas ha perdido credibilidad, está compuesto por miembros de partidos políticos que no van a controlarse a sí mismos. Debería haber un mecanismo independiente, de lo contrario esto genera un estado de descomposición del sistema democrático. Además, el nuestro es un país en que el sistema de incompatibilidades de los cargos públicos es una vergüenza. La liberalidad con la que se permite que un excargo público ocupe posteriormente un puesto en una empresa privada, cualquiera que haya sido su relación durante el ejercicio de su cargo, como está pasando con políticos del PP y del PSOE, genera desconfianza en la clase política, que está desprestigiando la función pública. No se han hecho reformas en el campo de la financiación de los partidos, en las incompatibilidades de los cargos públicos, donde hay una manga anchísima, o en campo local con una ley de incompatibilidades de los concejales que es una afrenta al rigor. Y no nos olvidemos de la reforma del sistema electoral con listas abiertas o el mandato limitado en el ejercicio del poder público. No se puede permanecer en el Congreso como el señor Alfonso Guerra desde 1977... Los mandatos de los políticos no deben sobrepasar un tope, como en Estados Unidos, cuyo presidente no puede serlo más de ocho años. Hacer de la política una profesión es incompatible con una concepción de servicio público.

Hemos visto cómo el Tribunal Constitucional portugués ha puesto límites a los recortes sociales del Gobierno luso. ¿Cree que podremos ver algo semejante en España?

Nuestro Tribunal Constitucional da bandazos en sus pronunciamientos. Creo que dio un golpe muy duro a la reforma del Estatut de Cataluña pero al mismo tiempo avaló el matrimonio homosexual. Podría esperarse una solución de esta naturaleza, pero lo que me sorprende es que tengan que transcurrir siete años, como ha tardado en el tema del matrimonio homosexual, para resolver cuando hay cuestiones que afectan a la vida diaria de las personas y a sus familias. Las personas que están sufriendo estos recortes de derechos no pueden estar esperando años a lo que el Tribunal Constitucional vaya a hacer. Las resoluciones tienen que dictarse en meses, dando prioridad a los asuntos que afectan cotidianamente a la gente como la educación, la sanidad, subsidios o una política más humanitaria para las ejecuciones hipotecarias. Los tribunales deben generar confianza en la ciudadanía, y si no lo hacen ser criticados. Sería bueno que esta vez, y dada la situación española, al menos algunos jueces de donde sea generen confianza. Quien sabemos que no la genera hoy es, en general, la clase política.