Jaime Morell Sastre es secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), profesor asociado en Ingeniería del Terreno en la Universidad de Sevilla y jefe de servicio en el área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad en la Diputación sevillana. Con anterioridad fue director-gerente del Consorcio de Aguas del Huesna y después ocupó el mismo puesto en el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla. Desde Aeopas ponen al servicio de instituciones y empresas públicas su experiencia en la gestión del ciclo hídrico y asesoran respecto a la remunicipalización. El episodio que dejó sin agua apta para el consumo a la población de la ría de Ferrol durante tres días ha reavivado el debate sobre la recuperación de este servicio e incluso sobre la necesidad de mancomunarlo. Morell es un firme defensor de la gestión pública al 100% y de que no se considere el agua como un bien con el que hacer negocio. 

Hay en España una tendencia a recuperar la gestión pública del agua?
Sí. La gestión del agua ha pasado de ser algo oscuro, que se hacía en los despachos con privatizaciones cuyo único objetivo era financiar a los ayuntamientos que optaban por el modelo concesional, a formar parte de la agenda política de los responsables municipales y de los partidos, que incluyen ya en sus programas qué van a hacer con el agua de sus ciudadanos. Eso forma parte de la agenda política porque ha habido movimientos sociales, mareas y plataformas de todo tipo que están demandando transparencia y que se gestione lo público, ya que el agua es un derecho, desde las instituciones públicas. Esto hace que haya mucho debate respecto a las privatizaciones, al modelo concesional privado que existe, que genera muchísimos problemas, mucha incertidumbre y mucha desinformación. La tendencia es clara a la remunicipalización pero porque hay un debate en la calle. En toda Europa esto ya es un hecho, vamos nosotros por detrás varios años, como siempre.

Si ahora se recurre al “rescate” de ese servicio es porque hace años se hizo lo contrario. ¿Por qué?
El asunto fue muy claro. Primero, no había una percepción social de que se estaba gestionando un derecho. El agua parecía que era algo con lo que se podía incluso comerciar, y eso fue el motivo de que grandes corporaciones mercantilizaran ese derecho. Es un derecho además de obligada prestación y se gestiona en régimen de monopolio natural; cuando lo conviertes en un negocio, es un gran negocio. Pensemos que la tarifa la imponen las empresas, aprobadas en los plenos, pero se aprueba la tarifa que se quiere y se le cobra a todo el mundo, y al que no paga se le corta el agua. Como es una necesidad hay un impago pequeñísimo, por tanto es un negocio muy, muy seguro. ¿Qué ocurrió? Que los ayuntamientos pequeños entendían que el agua era un problema porque hay que gestionar con responsabilidad, hay unos criterios de calidad y otros muchos de eficiencia en la gestión. Aparecieron de pronto los salvadores: “Nosotros lo arreglamos, lo público es corrupto e ineficiente y aquí llega el que lo va a hacer bien”. Y al ayuntamiento además se le ofrecía un canon concesional, y ahí es donde está la verdadera trampa de todo esto. El canon concesional es un dinero que se da por anticipado por privatizar pero que no se utiliza en estructuras hidráulicas. Se utiliza en pagar personal, polideportivos, arreglar calles o en lo que se quiera, pero no en infraestructuras hidráulicas. Ese dinero se devuelve durante treinta o veinte años y se paga en la tarifa. No es más que una póliza de crédito avalada por la tarifa de los ciudadanos. La única razón que hay para privatizar, porque jamás se ha hablado de indicadores de gestión, de si se hace bien o se hace mal, es financiar a los ayuntamientos. Esto, sobre lo que solo hablábamos los especialistas y los que teníamos responsabilidades en la gestión, empiezan de pronto a preguntárselo los ciudadanos. Esto se ha acabado porque además hay muchos casos de corrupción unidos a este modelo concesional.

¿La remunicipalización no resulta muy cara y difícil?
No, de eso nada. Es tan difícil como cualquier otro procedimiento. La concesión no es más que un contrato, y el contrato hay que cumplirlo, y si se incumple hay métodos para sancionar y para caducar la concesión. Y que el agua no sea potable, como ha ocurrido en Ferrol, es motivo suficiente para caducar la concesión porque el objetivo prioritario es el dotar de agua potable a la población con garantías, y si eso no se ha producido hay motivos de sobra. Efectivamente los procedimientos administrativos son complicados, porque hay que hacerlos bien, pero se hacen. Tenemos experiencia en Aeopas y yo personalmente he dirigido procesos de remunicipalización donde siempre que nos ponemos a exigir el cumplimiento del contrato y hay una decisión política de caducar la concesión, se llega a un acuerdo con el concesionario y se va. Ha ocurrido en otros casos, por ejemplo en Sevilla en el Consorcio de Aguas del Huesna, que abastece a 300.000 habitantes, se llegó a un acuerdo con Urbaser y salieron de la concesión y hoy por hoy es cien por cien pública. ¿Es imposible? No. Hay que trabajar con seriedad y al final se llega a acuerdos cuando hay una decisión política clara. O sea, que si hay una decisión de remunicipalizar en Ferrol, se puede hacer. Ahora mismo en España hay muchos casos y lo primero que hay que estudiar es si el contrato de concesión desde el primer día hasta hoy se ha cumplido correctamente. Si se ha cumplido todo tendrán derecho a un lucro, y si no se ha cumplido todo pues tendrán derecho a mucho menos lucro o incluso a ninguno.

En estos procesos de revisión de contratos. ¿Qué incumplimientos detectan?
Básicamente tres tipos. El primero, que hay una falta de mantenimiento de las infraestructuras muy notable y eso implica un deterioro progresivo. Cuando se le entrega la concesión a una empresa privada se obliga, y así está en los pliegos, a que la red esté siempre en perfecto estado. Eso implica gastos de mantenimiento y por tanto gastos en la explotación. Ahí siempre detectamos que hay un ahorro importante por parte del concesionario y además, implícitamente, un deterioro de las infraestructuras. Pensemos que lo que no se mantiene hay que repararlo, y que lo que no se repara hay que sustituirlo. Otro incumplimiento importante tiene que ver con el equilibrio económico-financiero de la concesión, que es el artículo que siempre se esgrime para subir las tarifas. El reglamento que rige esto permite que si hay causas sobrevenidas que no se pudieron contemplar en la oferta pues que se pueda equilibrar. Cuando se analizan las cuentas siempre encontramos que las grandes multinacionales se subcontratan todos los servicios que pueden a su propio grupo, y ahí hay un sobrecosto siempre o casi siempre, porque no hay concurrencia. Una empresa pública tiene obligación, cuando licita cualquier servicio, de darle publicidad y de que haya concurrencia entre los proveedores, desde un bolígrafo hasta un software de gestión. ¿Qué va a hacer una empresa privada? Comprarle el software de gestión a una empresa del grupo. ¿Y cuánto vale eso? ¡Ah! Ahí no hay concurrencia, al precio que me den. ¿Quién me va a hacer las analíticas, que es el caso de Ferrol? Pues el propio laboratorio. ¿Y cuánto me cobra por eso? ¿Me cobra al precio de mercado o me cobra un 30% más? 

Quiere decir que el hecho de que Emafesa mande a analizar las muestras a un laboratorio que pertenezca al mismo grupo que Urbaser, ¿es un incumplimiento?
No es que sea una causa de incumplimiento por sí solo. Lo que digo es que los concesionarios privados, como siempre son multinacionales, lo que hacen es subcontratar los servicios a empresas del grupo, y a veces esos precios están por encima del mercado. A lo mejor es mucho más barato y más rápido poder llevar la muestra a Santiago que no mandarla a Valladolid, ¿por qué lo hacen? Pues porque es un laboratorio del grupo. Si luego tarda seis días en dar el resultado... No prejuzgo nada pero la información a lo mejor no fluye con la agilidad suficiente porque son juez y parte. No hay un ente independiente que regule eso, aunque debería existir. Uno de  los problemas graves es que como no hay control, no hay indicadores ni regulación, pues nadie sabe si se hace bien o mal.

¿Cuál es el tercer incumplimiento más habitual?
El tercer caso que encontramos cuando hacemos una revisión de los contratos de concesión es que los medios muchas veces se utilizan fuera del ámbito del territorio para el que se tiene ese contrato. Es decir, que se soportan gastos para otros municipios que pueden estar en otros sitios de España. Eso lo encontramos con asiduidad. De alguna manera se están inflando los costes de personal porque la tarifa solo tiene que soportar y equilibrar los costes de explotación del servicio en el territorio en el que es objeto de concesión, no en ninguno más.

Reclama transparencia y participación, una demanda que se ha hecho en Ferrol por parte de un sector opositor al actual modelo de saneamiento.
Es que la legitimidad de la gestión de un servicio público, que es gestionar derechos individuales y colectivos, es que haya transparencia y participación. No hay que tener ningún miedo a contar las cosas y a que se fomente la participación activa. De hecho es un mandato de las directivas europeas. Cuando se esconde información normalmente hay una justificación detrás, una oscuridad pretendida. Y eso no se debe hacer. Conozco bien los casos de los tanques de tormentas de Ferrol y en su momento tuve la ocasión de poder estudiar algunos informes que justificaban que iban a mejorar la calidad de las aguas y eso no es cierto. Los tanques de tormentas solo se utilizan para laminar avenidas, en ningún caso depuran las aguas residuales. Al revés, puede ser que incluso haya una concentración. Y esos debates hay que preguntarse por qué no se dan cuando son absolutamente necesarios. No hay legitimidad en la gestión del servicio de aguas si no hay transparencia, si no hay participación y si no hay rendición de cuentas. Uno de los temas que llevan prácticamente todos los partidos que defienden este modelo de gestión a las próximas elecciones es la necesidad de regulación en este sector. Somos el único país de Europa en el que no existe, cada uno hace lo que cree conveniente. Y eso genera una oscuridad y una indefinición sobre cómo hay que hacer las cosas que cuando se gestiona en monopolio tiene mucho peligro. Los ciudadanos tienen derecho a saber porque al final pagan su tarifa. Cuando esto se haga así todo irá mucho mejor, y tenemos ejemplos en Europa muy clarificadores de que este es el modelo a seguir.