El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ferrol, a través de una sentencia dictada el pasado día 27 de febrero, condenó al Concello de Valdoviño al abono de 3.500 euros a dos vecinos de la localidad por el retraso en la tramitación y resolución de un procedimiento de reposición de la legalidad.
De este modo, el juez da la razón a Josefa Fernández y Manuel Redondo, que en septiembre de 2011 se vieron obligados a denunciar al Concelllo por un vertido de escombros en el camino de accesos a unas fincas de labor que les impedía la entrada a las mismas para cultivarlas.
Ante el silencio administrativo y la falta de diligencia del alcalde, con el que, según refieren, se entrevistaron en varias ocasiones, decidieron recurrir al Valedor do Pobo y presentar una denuncia en el juzgado.

Retraso
En el escrito de respuesta del Valedor se señala que el Concello pretendía justificar el retraso por la falta de personal y el exceso de trabajo, algo que no considera adecuado “se temos en conta que o retraso resulta desproporcionado”, ya que la primera denuncia data de 2011.
El Valedor do Pobo manifiesta, asimismo, que esta circunstancia se tratará en el informe que tiene previsto dirigir al Parlamento de Galicia.
En cuanto a la denuncia en el Juzgado, el fallo estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por los demandantes contra la desestimación por silencio administrativo de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas en diciembre de 2013 ante el Concello de Valdoviño por los daños en varias parcelas agrícolas derivados del retraso en la reposición de la legalidad urbanística.

intereses
En este sentido, el juez reconoce una indemnización de 2.797,41 euros a favor de Manuel Redondo y 653,68 euros para Josefa Fernández, con la aplicación de los correspondientes intereses legales calculados desde la fecha de presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.
Contra la presente sentencia ya no cabe la posibilidad de presentar recurso alguno, según se especifica en el contenido de la misma.
Según manifiestan los demandantes, a día de hoy el Concello valdoviñés continúa sin retirar los citados escombros, algo que, apuntan, podría derivar en nuevos perjuicios económicos a los interesados, ante la inminencia del inicio de las labores agrícolas.
Consecuentemente, ello también podría reportar un nuevo perjuicio económico para las arcas municipales de Valdoviño.