La consulta que el Gobierno central elevó a la Comisión Europea en el verano pasado, en concreto el 10 de julio, sobre el dique flotante de Ferrol tuvo un carácter “informal”, según reconoce la propia institución en una respuesta al eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo.
El dato llevó ayer a las diputadas de la misma formación Beatriz Sestayo y Paloma Rodríguez a afirmar que el Ejecutivo central “miente” para así “ocultar su falta de voluntad política para construirlo”. Las políticas ferrolanas se mostraron “indignadas por la absoluta falsedad del Gobierno” porque esta infraestructura permitiría “revitalizar un sector, el naval, que es estratégico para el país” y, particularmente para la comarca de Ferrolterra, que con estas “mentiras”, recalcan las socialistas, vuelve a sufrir un “ataque brutal” cuando lo que necesita es todo lo contrario, es decir, señalan, “medidas de apoyo que contribuyan a su reactivación económica”.
Las diputadas califican como “gravísima falta de respeto institucional y democrático” la actitud del Gobierno central y de la Xunta y, en ese sentido, esgrimieron la respuesta que el propio Ejecutivo dio por escrito a Paloma Rodríguez en octubre pasado, en la que se puede leer que “la consulta formal” fue remitida a las autoridades comunitarias el 10 de julio.
Para el PSOE, el Partido Popular exhibe de nuevo su “torpeza” al no defender ante la Comisión Europea que el dique es una “ampliación de instalaciones y que, por lo tanto, “no estaría afectado por las restricciones europeas a la construcción civil”. Por ello, la diputada en el Congreso considera que “lo único que ha hecho el Gobierno ha sido enmarañar el asunto del dique para no hacerlo” y recuerda que en la denominada comisión de seguimiento del dique los responsables de la SEPI y de Navantia afirmaron que el dique flotante no era viable porque la Unión Europea no dejaba construirlo”.
En la misma respuesta al eurodiputado Antolín Sánchez Presedo, el comisario Almunia reconoce que “aun no ha recibido” la documentación complementaria solicitada por las autoridades comunitarias sobre “varios aspectos complejos” de la consulta, por lo que no puede facilitar en estos momentos “ningún calendario exacto sobre el proyecto”.
Almunia, que confirma lo que ya había publicado este periódico sobre el carácter no vinculante de la valoración de la consulta, explica que si la Comisión concluye que el dique es susceptible de recibir una ayuda estatal, se pedirá a las autoridades españolas que se ajuste a los preceptos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de competencia y libre mercado.
Cabe recordar que las restricciones a la construcción naval civil estarán en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Entonces se abrirá un nuevo escenario que, en principio, eliminaría la limitación al 20% de la facturación total de la actividad civil de Navantia y el veto absoluto a este tipo de construcción al astillero de Perlío.