El desencuentro entre la parte privada de la Empresa Mixta de Aguas (Socamex-Urbaser) y la pública (el Concello de Ferrol) volvió a ser ayer evidente en un consejo de administración que duró cuatro horas, incluyó dos recesos y terminó con un único acuerdo: el de suspender la         reunión. Se convocará otra en menos de un mes, cuando ya se tengan los resultados de la auditoría que analizará la puesta en marcha de la estación depuradora de Prioriño durante el último año, y con un orden del día consensuado entre las dos partes. 
Sin esas conclusiones que apoyen nuevas líneas de actuación, las posturas entre las dos partes son opuestas. No se llegó a aprobar ni el acta del consejo anterior, el del 5 de septiembre, en el que desde el Concello se intentó, sin éxito, cesar al actual gerente, Alejandro Pisa. Desde el gobierno local no se compartía el contenido de un documento que consideraban que no recogía de forma fidedigna lo ocurrido entonces. Las dos pausas se hicieron para intentar acordar posiciones pero no fue posible.
Según fuentes municipales, desde la parte privada defienden su actuación en cuanto a la puesta en marcha de la depuradora de Prioriño (de la que solo funciona la fase de pretratamiento), apuntan que se cumplieron los protocolos firmados y quieren que se hagan las obras de reparación necesarias para poder completar la depuración, cargándolas a una tasa de saneamiento cuya suspensión por parte del pleno de Ferrol (con los únicos votos en contra del Partido Popular) rechazan, aunque tienen que acatar.
La visión del gobierno local es bien distinta. Su postura, después de descubrir en una visita sorpresa que la depuradora no estaba funcionando, es que se ha estafado a los ciudadanos cobrando una tasa de depuración por un servicio inexistente. Además, rechazan asumir sin más las obras que indica Urbaser y se niegan a repercutirlas en los recibos. Esperarán a la “inminente” resolución de la auditoría para conocer qué pasó en la EDAR durante este último año, qué responsabilidades tiene la parte privada y qué obras hay que realizar para que la estación depuradora funcione. Después, tal y como acordó el Concello con Augas de Galicia y con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, se hará un peritaje que determine el origen de las deficiencias y quién las tiene que asumir. En el caso de que fuesen “vicios ocultos” recaería la responsabilidad sobre la empresa constructora, Acciona. 
En cualquier caso, desde el Concello se mantiene que la estación depuradora va a estar preparada para recibir el grueso del caudal que llegará cuando acaben las actuales obras de los colectores (salvo en los añadidos posteriores al convenio, como el del río Inxerto, será antes de final de año para poder reclamar los fondos europeos).

desconfianza
La indignación del gobierno con Urbaser la provoca también la falta de comunicación que sigue existiendo, explican, por parte de la empresa. La información sobre la EDAR que se les había pedido para que entregaran con antelación no la tuvieron hasta hoy mismo y además denuncian  que no se les informa de las incidencias (tampoco en los días previos a la crisis del agua, en julio) a pesar de que deben hacerlo según los pliegos de condiciones de la concesión, que se remonta a 1998. Son los mismos que permiten bloquear decisiones como la destitución del gerente y que, en la práctica, hacen muy difícil un control real por parte del socio público. A día de hoy, el gobierno local afirma que no conoce qué destino tuvieron los 800.000 euros que se cobraron a los vecinos por la polémica y contestada tasa de saneamiento.
  El enfrentamiento actual, con el horizonte puesto en una recuperación de la gestión pública del agua y del saneamiento, puede acabar en los tribunales. El Concello de Ferrol ya anunció que cuando reúna toda la documentación económica, jurídica y técnica la presentará a la Fiscalía para que esta proceda en el caso de que pueda haber delitos económicos y ambientales derivados de la situación de inoperatividad de la EDAR y del cobro de la tasa a los vecinos. Pero también se les podrán pedir cuentas a los concejales que forman parte del consejo de administración ya que, conforme al derecho mercantil, los consejeros no pueden actuar en contra de los intereses de la sociedad. Ya cuando el popular José Manuel Rey Varela renunció a su puesto en el consejo de administración (que le había cedido el BNG), advirtió de que lo hacía para no ser responsable de las decisiones que tomase el gobierno y sus consecuencias. Y entonces, cuando se decidieron los puestos en los órganos externos, no había habido ni crisis del agua ni escándalo de la EDAR.