Xaquín García Sinde, el trabajador de Navantia al que el Centro Nacional de Inteligencia –CNI– le denegó la llamada habilitación personal de seguridad, es decir, el permiso para acceder a material sensible o clasificado, compareció ayer en rueda de prensa junto con el coordinador local de Esquerda Unida, Suso Basterrechea, para denunciar que la respuesta del Gobierno a las preguntas de Izquierda Plural y BNG “son unha tomadura de pelo”.
En la respuesta, el Ejecutivo central asegura que Navantia solo es la intermediaria entre el trabajador que solicita la acreditación y el CNI y, según explicó Basterrechea, “só se limita a informar dos trámites que hai que facer para conseguir a acreditación”. “Nada se di”, subrayó el trabajador afectado, “de por que se me denega a habilitación, as causas concretas que levaron ao CNI a rexeitar o meu permiso”.
Sinde explicó que en el escrito del Gobierno solo se habla de trámites y del papel de la compañía pública, que es la que se encarga de facilitar a los trabajadores el formulario; de trasladarlo, una vez cubierto, al Ministerio de Defensa –en concreto a la Dirección General de Armamento y Material– y de que, cuando llega la respuesta del CNI, en sobre cerrado, trasladársela al trabajador.  Nada se dice, denuncia el BNG en su nota, de si el Gobierno considera adecuados “os criterios de valoración de idoneidade nin de se considera que estas medidas poden atentar contra a igualdade ou a opción sexual de cadaquén”.

"unha represalia"
Para García Sinde, la “non resposta” del Gobierno evidencia que el rechazo de la habilitación no es más que “unha represalia polas miñas ideas e a miña actividade política e sindical”, así como una  “burla á democracia e ao propio Congreso”. “Trátase dun síntoma máis da deriva autoritaria que emprega o Partido Popular para reprimir e criminalizar a quen combate as súas políticas”, aseguró Sinde, a lo que el coordinador de Esquerda Unida añadió que se trata de un acto “propio do fascismo: sancionar a alguén e non explicarlle por que está sancionado non pode cualificarse doutro xeito”, señaló. “A non ser”, añadió Sinde, “que non as explicite porque se trata dunha motivación político-ideolóxica, e iso non o pode dicir”.
García Sinde aseguró además que este rechazo tiene repercusiones en el desarrollo de su trabajo –no le permite realizar determinadas tareas o desplazarse a otros puntos donde Navantia tiene proyectos en marcha, como en Australia– y que espera que la denuncia presentada en el contencioso-administrativo sea admitida a trámite.