El futuro de los 34 trabajadores de la planta de Infinita Renovables en el puerto exterior de Ferrol se despejó ayer un poco más con la publicación, por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la lista definitiva de las fábricas con cantidad asignada para el cómputo de los objetivos obligatorios de biocarburantes. Este trámite es el último necesario para poder poner en marcha el sistema de cuotas que el sector viene reclamando desde hace más de tres años para frenar las importaciones desleales de Argentina e Indonesia, definidas como “dumping” por la Comisión Europea en noviembre del año pasado.
Por ello, las partes afectadas expresaron ayer su satisfacción,  puesto que con esta resolución motivada se pone fin a mucho tiempo de zozobra, aunque con matices. Así, criticaron el retraso de un proceso que no debería de haberse prolongado más de seis meses a contar desde febrero del año pasado, fecha en la que, como se recordará, se convocó el procedimiento de asignación corregido después de la que la Organización Mundial del Comercio instase al Gobierno español a modificar las condiciones de la primera regulación, que excluía del proceso a las fábricas localizadas fuera del ámbito territorial de la Unión Europea.
Desde la dirección de Infinita Renovables se congratularon por la culminación de este proceso “después de tres años de lucha”, pero lamentaron que la producción empiece a computar dentro de tres meses, a partir del 5 de mayo, puesto que, aseguran fuentes oficiales, “supone que perdamos casi medio año. Debería contabilizarse a partir del 1 de enero”, señalaron. En esa línea, la empresa comenzará a preparar un plan operativo con ese nuevo calendario y, aunque no quiso avanzar nada más, todo parece apuntar a un futuro estable para una planta inaugurada en 2009 pero con graves dificultades para desarrollar con normalidad su actividad debido a la invasión del biodiésel argentino e indonesio, que en 2012, por ejemplo, coparon más del 75% del mercado español de este biocombustible.

APPA
El director de la patronal APPA Biocarburantes, Manuel Bustos, pese a considerar positiva esta resolución en términos generales, matizó su posición en los detalles. Así, señaló que el cómputo total se reduce ligeramente con respecto a la lista previa –algo más de 4,8 millones de Tm.–, por lo que, denuncia, no se cubre el máximo fijado en la orden, 5,5 millones. En ese sentido, recordó que empresas que sí recibieron asignación de cuota en la relación de agosto se quedaron fuera ahora, una circunstancia que Bustos atribuye a un “error que esperamos se subsane en breve”.
El portavoz de APPA explicó que a partir del 5 de mayo, todo el biodiésel que la industria petrolera quiera poner en el mercado para poder computar de cara al cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes deberá fabricarse en alguna de las 37 plantas beneficiadas, entre las que no están las otras dos locales, Entabán y Biocarburantes Peninsulares. n