El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, se encargó hace ocho meses de anunciar un rosario de comisiones técnicas y reuniones de seguimiento en las que habría que dilucidar la viabilidad del dique flotante y el de Navantia, José Manuel Revuelta, trajo ayer bajo el brazo la renuncia al proyecto. Según informó, porque desde Bruselas se ha aclarado que como consecuencia de los acuerdos firmados en 2004 para la creación de la empresa, la aportación de fondos públicos se consideraría ilegal.

Bruselas ha aclarado a la compañía que la financiación de parte del proyecto con fondos públicos se consideraría ilegal

“A frustración é total”, dijo el presidente del comité de empresa, Ignacio Naveiras, al trasladar la conclusión “de que o PP enganou a toda a cidadanía de Ferrol”. La plantilla de la principal y las auxiliares esperaron el resultado de la comisión de seguimiento ante el edificio de personal y, en vista del resultado, decidieron permanecer allí y bloquear la salida a los responsables políticos. La reunión comenzó a las once y una hora después acudieron las plantillas, que permanecieron más de diez horas ante la puerta del astillero. Solo cerca de las seis de la tarde hubo un tímido intento de salir pero este se vio truncado por los abucheos del exterior.

A las 22.30 el presidente del comité de empresa de Navantia, Ignacio Naveiras, anunció que se levantaba la concentración, aunque con muestras de protesta por parte de algunos de los trabajadores. Ocho grilleras de la Policía Nacional se desplazaron hasta el astillero e hicieron un cordón para facilitar la salida de los integrantes de la comisión. Aunque no hubo apenas carga policial, sí se produjo algún tumulto y gritos de los que aún permanecían en las instalaciones.

ausencia

A la reunión de ayer no acudió Ramón Aguirre, sino el director general de la SEPI, Francisco Ruíz Jiménez, y el de empresas participadas, Bartolomé Lora, así como el presidente y el consejero delegado de Navantia, José Manuel Revuelta y Jaime de Rábago, el director xeral de Industria, Bernardo Tahoces, el presidente del Coinga, Luis Carral, y los alcaldes de Ferrol, Fene, Ares y Narón –el de Mugardos renunció en la anterior comisión a volver–. Fue, según ponía de manifiesto la propia Navantia en un comunicado, el último de los encuentros de la comisión, que ha terminado por revelar que “pese a que desde el punto de vista técnico el proyecto es completamente viable, desde el económico sólo sería posible mediante un elevado apoyo público en forma de subvención, lo que es absolutamente incompatible desde el punto de vista legal de acuerdo a la normativa europea”.

A esta negativa se suma que se haya terminado por reconocer que los contratos con la filial Pemex Norteamérica están pendientes del visto bueno de la matriz. Así, las plantillas se encuentran sin carta de trabajo y sin dique flotante, con una perspectiva que ayer recordó el presidente del comité.

“No verán haberá unha subactividade total para a propia plantilla, terán marchado os traballadores das auxiliares e o seu coñecemento e mesmo pode poñerse en perigo que podamos acometer outros proxectos con garantía”, dijo Ignacio Naveiras, que criticó que se haya dilatado tantos meses la decisión y que se aluda ahora al acuerdo suscrito en 2004. “É obligación de Navantia saber que pode construír”, remarcó.

hasta 2015

Según lo que trascendió a través de la parte social, la pretensión de rebajar el presupuesto del dique flotante fue aparcada tras una única reunión entre los técnicos del Colegio de Ingenieros Navales y Navantia. Los responsables de la compañía apuntaron en la reunión que poco o nada se podría abaratar sin mermar su capacidad, aunque esta cuestión se convirtió en accesoria una vez que se anunció la imposibilidad de inyectar fondos públicos al proyecto. Es inviable su construcción, una vez más según reza el comunicado de Navantia, “mientras existan y estén vigentes las restricciones impuestas en el período 2005-2015”.

Naveiras expresó su indignación por el hecho de que la respuesta a la pregunta no vinculante a Bruselas estuviese sobre la mesa de la SEPI desde las pasadas navidades y que pese a ello se esperase a finales de enero para trasladarla a los trabajadores. Como se recordará, Ramón Aguirre había asegurado que entre tres reuniones del comité de seguimiento se dilucidaría la viabilidad técnica y económica del dique flotante y que la última de ellas se celebraría en agosto de 2012. Finalmente fueron cuatro, la última se celebró seis meses después del plazo previsto.

Solo días después de que el comité de Navantia reclamase abiertamente la dimisión del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, por no saber o no poder defender los intereses del naval ferrolano y de que este respondiese proclamando públicamente y en repetidas ocasiones que no aceptaría un no por respuesta al dique, Naveiras volvió ayer a hablar de responsabilidades políticas. “Alguén ten que dimitir”, dijo este representante.

Los miembros de los comités de empresa de Navantia y los delegados de las industrias auxiliares protagonizarán hoy el siguiente paso en el calendario de movilizaciones. Acudirán a las puertas del Parlamento de Galicia, donde se va a debatir la situación de los astilleros y donde entra en vigor la prohibición que tienen los grupos de llevar invitados a los plenos. Se verá previsiblemente frustrada, por tanto, la intención de los representantes sindicales de asistir a la sesión.

Las movilizaciones continuarán el día 13 de febrero, fecha en la que las plantillas de Ferrol y Fene tienen previsto acudir de nuevo a Santiago. Por último, se organiza una movilización comarcal para el día 24.