Eugenia Mercado, una vecina de Ferrol de origen colombiano, continúa su batalla judicial contra una pensión de estudiantes de la carretera de Castilla que ocupa cuatro pisos en el número 200-202 y que funciona sin licencia municipal. Aunque en la actualidad no vive en ese inmueble (“me tuve que trasladar en el mes de diciembre porque los ruidos me hicieron enfermar”, comenta), su litigio comenzó hace siete años cuando denunció a la citada pensión. Según Mercado, la comunidad de vecinos se inhibió de sus problemas. “Me dijeron que era algo personal”, y posteriormente el Concello le contestó que no disponía de un equipo sonómetro-registrador para instalar de manera permanente y medir los ruidos denunciados. La vecina afectada acudió al Valedor do Pobo, quien se pronunció reconociendo la existencia de la pensión, tras lo cual el Concello de Ferrol ordenó el cese cautelar de la actividades de hostelería en dicho edificio.
“A pesar de eso, comenta Eugenia, la pensión nunca ha cesado su funcionamiento”. La vecina ha presentado una queja en el Colegio de Administradores porque entiende que la comunidad de propietarios ni el Concello han respetado la Ley de Propiedad Horizontal que afecta a los ruidos. Achaca a su condición de extranjera la falta de apoyo de la comunidad y del propio Concello de Ferrol a los largo de estos siete años. Asegura que va a continuar su lucha para reclamar por “perjuicios morales y por enfermedad” y se pregunta “¿cómo es posible que las leyes no se cumplan y no pase nada?”.