CCOO reclama prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo para las empleadas del hogar como parte de las medidas que propone al Gobierno para equiparar los derechos laborales y de Seguridad Social de este colectivo con los del resto de trabajadores.

Durante la presentación de sus “Propuestas para la plena integración, equiparación, profesionalización y dignificación de las trabajadoras del hogar”, CCOO ve urgente además poner en marcha medidas para incentivar la regularización de los empleos del hogar no declarados.

Otra de sus reivindicaciones es un convenio propio para el sector, negociado en el marco del diálogo social, así como un catálogo de tareas o puestos de trabajo dentro del domicilio que identifique claramente las actividades, competencias, conocimientos y habilidades.

Justicia europea

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado marzo supuso un importante respaldo jurídico a la reivindicación sindical de extender la cobertura de las prestaciones por desempleo para las trabajadoras de empleo doméstico.

“Esto no puede ser un reconocimiento parcial de la prestación por desempleo para internas o personas con jornada incompleta”, dejó claro el secretario de Políticas públicas y Protección social de CCOO, Carlos Bravo.

Además, según Bravo, esta sentencia permitirá a las empleadas del hogar reclamar la obligación/deber de cotizar por desempleo y el reconocimiento del derecho a las prestaciones por desempleo aunque no haya cotizado para ello, así como la reparación de los daños ocasionados por violación del Derecho de la Unión Europea.

Esta respuesta del TJUE es una buena ocasión para legislar y “aflorar la economía sumergida que hay aquí”, dijo Bravo, quien aseguró que el sindicato reclamó a los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social que abra una mesa para abordar este asunto “de manera inmediata”.

En el mercado laboral hay unas 600.000 personas trabajando en el hogar, de las que cerca de 200.000 siguen estando en empleo sumergido, es decir, sin estar dadas de alta y, por tanto, sin acceso a derechos de protección social, que es lo que exigen.