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miércoles | 4 diciembre | 2024
El consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, ha asegurado este martes ante la jueza que la decisión de la empresa de hacer contratos laborales a sus repartidores está orientada a evitar discusiones en los tribunales y con la Inspección de Trabajo, aunque considera que su modelo actual es legal, y ha desvinculado ese anuncio de su estrategia de defensa.
Pierre ha declarado hoy como imputado, durante menos de media hora, ante la juez de Barcelona que investiga la denuncia que la Fiscalía presentó contra él por emplear a falsos autónomos, un día después de que Glovo anunciara que cambia de modelo laboral y que contratará a sus repartidores, según han informado fuentes jurídicas.
A preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, el imputado ha insistido en que el anuncio del cambio de modelo laboral de Glovo es una "coincidencia", y ha justificado que busca la "paz social" y evitarse conflictos con Inspección de Trabajo y con los tribunales, tras las múltiples sanciones por emplear a los "riders" como falsos autónomos.
El también fundador de Glovo, que se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular ejercida por CGT, ha explicado que la apuesta por cambiar el modelo se acordó en un consejo de administración de la compañía para evitar seguir teniendo litigios con la Inspección de Trabajo y los tribunales, pese a que están convencidos de la legalidad del sistema actual de contrataciones.
La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona investiga a Pierre tras una denuncia que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó contra el consejero delegado de Glovo por un delito contra los derechos de los trabajadores, por mantener a sus repartidores como autónomos pese a las sentencias del Supremo y de numerosos tribunales de toda España que establecen que los 'riders' son empleados por cuenta ajena.
Pierre ha argumentado ante la jueza que Glovo ha ido modificando el modelo de contratación de los repartidores para adaptarlo a las resoluciones judiciales y laborales, así como a la normativa vigente y que, en ese asunto, la empresa ha estado en permanente contacto con la Inspección de Trabajo.
Por ese motivo, ha defendido que el sistema actual de repartidores autónomos es legal, aunque el consejo de administración haya decidido modificarlo con el fin de garantizarse la "paz social".
En concreto, según un comunicado remitido por su defensa a los medios, Pierre ha explicado que, cuando la compañía se constituyó en 2014, la Inspección de Trabajo no puso objeciones a su relación de autónomos con los repartidores.
Fue en 2018, según su versión, cuando la Inspección cambió de criterio e instó a la compañía a "laboralizar" a sus repartidores, proceso que culminó con una sentencia del Tribunal Supremo.
"Lejos de desatender las resoluciones judiciales y requerimientos", añade el comunicado del despacho Martell Abogados, Glovo los estudió "con rigor", con el objetivo de crear una estructura de relación con los repartidores que no presentara "los elementos que destacaban los tribunales y la Inspección como indicios de laboralidad".
En consecuencia, mantiene Oscar Pierre que la denuncia de Fiscalía se fundamenta en resoluciones de las primeras inspecciones laborales, que fueron atendidas por Glovo y dieron lugar a sucesivos cambios de modelo en la contratación para adaptarlos al criterio de la Inspección.
El jefe de Glovo no ha detallado de qué forma se va a implantar el nuevo modelo de contratación de los repartidores, ni se ha referido a cómo los 'riders' han recibido el anuncio, aunque una de sus líneas de defensa esgrimidas a lo largo de esta causa es que a los trabajadores les interesa mantenerse como autónomos.
En su comunicado de ayer, Glovo, propiedad del grupo alemán Delivery Hero, aseguró que había dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado"; y que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el cambio de modelo.
Óscar Pierre (Barcelona, 1992) está considerado como un referente en el mundo de los "emprendedores" por la creación de Glovo, pero sus detractores le reprochan que haya fundado su compañía sobre una fuerza laboral para el reparto que le ha acarreado múltiples sanciones.
Los sindicatos y los colectivos que representan a los llamados 'riders' denuncian que es una práctica habitual que las cuentas de los repartidores sean alquiladas a migrantes sin papeles, que tratan así de ganar un dinero repartiendo comida a domicilio en bici, en moto, en patinete eléctrico o incluso a pie.
