Telefónica y los sindicatos UGT y CCOO aprobaron ayer la salida de cerca de 2.700 trabajadores en España por medio de un plan que supondrá un coste para la operadora de cerca de 1.500 millones de euros, antes de impuestos.

Ambas partes dieron el visto bueno por unanimidad el Plan de Suspensión Individual (PSI) de empleo planteado por la empresa y al que podrá adherirse alrededor del 15% de la plantilla conjunta de todas sus filiales en España.

El PSI está abierto para empleados nacidos desde 1967, con una antigüedad en la empresa de 15 años. En total, podrán solicitar la salida hasta 4.532 personas que cumplen los requisitos.

Telefónica calcula que cerca de 2.700 empleados se acogerán al PSI, lo que situaría su coste en torno a los 1.500 millones, cifra que se contabilizará en el cuarto trimestre de 2021. Los ahorros anuales promedio de gastos directos se situarán por encima de los 230 millones a partir de 2023.

“En cualquier caso, el impacto generado de caja será positivo desde 2022 al igual que la captura de ahorros, ya que la salida de empleados se prevé que tenga lugar durante el primer trimestre de 2022”, explica la compañía.

Fuentes sindicales detallaron que al plan se podrán adherir un máximo del 75% de trabajadores de más de 54 años que reúnan las condiciones de antigüedad de las áreas denominadas no críticas (2.285 empleados), el 38% de las críticas (483 empleados) y el 100% de los mandos (214).

Con respecto a la oferta económica, los nacidos en 1967 recibirán el 68% del salario regulador, mientras que los nacidos con anterioridad percibirán el 65%.

Los trabajadores que no puedan acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años podrán solicitar, en el momento de la adhesión, que la cantidad o monto total de la renta comprometida hasta los 65 años se reparta en 24 mensualidades más.