La Comisión Europea abrió expediente este lunes a España y otros seis países por no haber tomado medidas para integrar en su legislación nacional dos normativas europeas que permiten excepcionalmente usar plomo en ciertos dispositivos médicos.

La Comisión envió una carta de emplazamiento a España, Bélgica, República Checa, Letonia, Malta, Portugal y Eslovaquia por no haberle comunicado medidas para transponer estas normas pese a que el plazo para ello terminó el pasado 28 de febrero, y estos países tienen ahora dos meses para responder a Bruselas.

Se trata, por un lado, de una norma aprobada en 2022 para permitir el uso del plomo, una de las diez sustancias limitadas por la Directiva de Restricción Sustancias Peligrosas, en la fabricación de materiales superconductores para cables y las conexiones eléctricas a esos cables.

Estos componentes pueden ayudar a crear circuitos electromagnéticos para dispositivos médicos o instrumentos de monitoreo, como las resonancias magnéticas, y añadirle plomo proporciona ventajas técnicas y funcionales como campos magnéticos más fuertes, explicó en un comunicado la Comisión.

Por ello, el Ejecutivo comunitario había decidido introducir una excepción al uso de plomo en estos casos específicos, algo que de otro modo estaría prohibido.

La segunda norma se refiere también a una excepción al uso de plomo, pero en este caso para restringir aún más su empleo en algunos componentes de los dispositivos de imágenes médicas, de modo que solo pueda usarse en aquellos dispositivos de resonancia magnética para los que no exista una alternativa a este metal.

Esto limitaría el uso sobre todo a los modelos más antiguos de resonancia y reduciría el volumen de plomo que llega al mercado, señaló Bruselas.

Ambas excepciones debían haber sido incorporadas por los Estados a su legislación al final de febrero para entrar en vigor hasta el 30 de junio de 2027, cuando está previsto que expiren.

Si la respuesta que proporcione España no satisface a la Comisión, esta podría avanzar en su expediente de infracción que, en última instancia, le permite llevar a los países ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar adecuadamente la legislación de la Unión.