La Fiscalía Antidroga ha solicitado una pena de 31 años y medio de prisión para José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por dirigir presuntamente un entramado que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y de 9 años y medio al abogado Gonzalo Boye, conocido por defender al expresidente catalán Carles Puigdemont, por supuestamente blanquear beneficios de operaciones de narcotráfico.

 

Después de que la Audiencia Nacional acordase abrir juicio oral contra ambos y contra más de medio centenar de investigados, la Fiscalía Antidroga ha remitido ya su escrito de acusación en la causa.

 

Además de la pena de prisión, el fiscal pide una multa de más de 950 millones de euros para Prado Bugallo, a quien acusa de un delito contra la salud pública cometido en el seno de una organización criminal, otro de blanqueo de capitales y otro continuado de falsificación.

 

Por estos dos últimos delitos el fiscal acusa también a Gonzalo Boye, a quien reclama una multa de al menos 3,1 millones de euros.

 

En su escrito de acusación, conocido este martes, Antidroga explica que tras la investigación desarrollada en esta causa se consiguió identificar dos operaciones concretas a través de las cuales Sito Miñanco "y el entramado que lideraba pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España": una de octubre de 2017 cuando se transportaba 3,3 toneladas de cocaína y que acabó con la detención de siete tripulantes, y otra un mes después, cuando se consiguió la aprehensión de un contenedor de cocaína en Holanda que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

 

La jueza que investigó esta causa situó a Gonzalo Boye, entonces abogado de Sito Miñanco en otro procedimiento, en una operación para recuperar 889.620 euros que habían sido incautados por la Policía en el aeropuerto de Barajas, ocultos en una maleta de uno de los miembros de la organización.

 

"Con el propósito de acreditar el origen lícito del dinero intervenido", dice la Fiscalía, Boye habría colaborado, junto a otros abogados, en confeccionar unos contratos de compraventa de unas letras de cambio, un negocio que, dice el fiscal, "no presentaba lógica comercial alguna".