El empresario Juan Leocadio Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando han admitido este lunes en el juicio del caso Tándem haber contratado al excomisario José Villarejo para que investigase a una persona con la que el segundo tenía un conflicto monetario.

La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio a Villarejo con la declaración de ambos empresarios, que han ratificado el acuerdo con el que reconocieron los hechos de los que les acusa la Fiscalía, que rebajó su petición de 8 años a alrededor de un año de prisión para ellos.

Ambos han admitido que contrataron a Villarejo entre 2016 y 2017 para conseguir "información patrimonial" de Mateo Martín Navarro y de su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía, para que el primero modificase su estrategia procesal en una causa en la que estaba acusado de delito fiscal junto con Fernando Muñoz.

El objetivo era que se "desmontase la falsa insolvencia" alegada por Martín Navarro en ese procedimiento y también se barajó "la posibilidad de obtener información del señor Urquía" para que dejase de ser su abogado, según ha declarado Fernando Muñoz.

Por este trabajo han reconocido que abonaron 20.000 euros en efectivo a Villarejo, quien proporcionó a Fernando un informe, que contenía además dos vídeos de Urquía consumiendo droga, si bien Juan Muñoz ha indicado que en las reuniones que tuvieron con el comisario los vídeos se vieron parcialmente, pero no se entró en "el detalle"; sólo se expuso "el alcance de lo que se había conseguido", ha dicho.

También ha declarado el abogado Ricardo Álvarez Ossorio, quien ha admitido que, a petición de Fernando Muñoz, amigo suyo, acudió a una reunión a las oficinas de Villarejo en la que se visionó un vídeo donde aparecía Urquía, otro hombre y "dos chicas que parecía que estaban de fiesta" y se esnifaba.

Ha señalado que era un vídeo "muy antiguo" y que explicó que no creía que surtiera ningún efecto, porque "era muy conocido en todos los foros de Marbella" y no tuvo impacto ni "cuando ese señor estaba casado y era juez".

Según ha dicho, aunque no quería, acabó llevándose un pendrive con el vídeo con el encargo de hacer de intermediario y que llegara a Urquía, pero no hizo la gestión, y ha insistido que nunca cobró y facturó nada a Fernando.

El juicio ha comenzado con el rechazo del tribunal al incidente de recusación de Villarejo contra el magistrado Fermín Echarri a raíz de una información de El Periódico de España que indicaba que "Villarejo maniobró ante la justicia para exonerar al comerciante de armas que acompaña a Juan Carlos I", en referencia a Abdul Rahman El Assir, en búsqueda y captura desde marzo de 2020 tras haber sido investigado por delitos fiscales por Echarri, que fue titular del juzgado de instrucción 52 de Madrid.

En dicha información se hacía referencia a los contactos que el comisario habría tenido con jueces de Madrid y se aludía a una anotación en su agenda que decía "Fermín, Juzgado 52. Muy correcto y receptivo. Quiere volver a la AN (...)".

Tanto el tribunal como la Fiscalía y el resto de acusaciones han visto el intento de Villarejo de apartar al magistrado como extemporáneo y sin relación con el juicio.

En declaraciones a los medios, Villarejo ha enmarcado esas gestiones en un encargo del Estado para evitar que El Assir "amenazara" con desvelar información "tan grave como que el Estado español o determinadas personas del Estado siguieron vendiendo las bombas de racimo a pesar de estar prohibidas en el tratado de Oslo de 2008".

"Se han utilizado en Yemen, en el Sahara, en Libia, etcétera", ha dicho el comisario, que ha insistido en que se reunió con el magistrado y con varios jueces decanos de Madrid como "agente de inteligencia" y "en nombre de la seguridad del Estado".