Cuando Xulio Ferreiro llegó a la Alcaldía, asumió la erradicación de los núcleos chabolistas que rodean a la ciudad (A Pasaxe, As Rañas y O Campanario) como uno de sus objetivos principales: “A Coruña é a cidade de Galicia que ten maior número de chabolas. O poboado de A Pasaxe é o mais visible, pero non é o único lugar onde temos xente vivindo así”, declaró. Y calculaba en 511 el número de chabolistas coruñeses. Al mismo tiempo, reconoció que se trataba de una labor que quizá no  pudiera completarse siquiera a medio plazo. El problema es que el esfuerzo municipal ha suscitado el rechazo mayoritario de los chabolistas de A Pasaxe, donde se han concentrado los intentos del Ayuntamiento para la reubicación, y de donde se han traslado a 16 familias. El 13 de diciembre, en una reunión en el poblado, se lo dijeron cara a cara al concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela: quieren que les ofrezcan alternativas o no se irán. Una respuesta que permite cuestionar la política municipal en este área.

Desde el principio, Ferreiro quiso marcar las distancias en el tratamiento del chabolismo respecto a anteriores administraciones y lo hizo visitando el poblado de A Pasaxe para conocer de primera mano a  sus habitantes, en junio de 2015, y criticó la forma en la que el bipartito encabezado por Javier Losada llevó a cabo la reubicación de los chabolistas de Penamoa, obligado por la construcción de la Tercera Ronda.  Años después, el llamado Plan Especial de Penamoa, ejecutado por el PSOE y mantenido por el PP, había sido tachado de ineficaz por responsables de la ONG encargada de llevarla a cabo. 
Varela explicó recientemente que parte del problema fue que no se hizo un seguimiento: “Nos atopamos con moitas dificultades cando chegamos por ese motivo”: Casi todas las familias de Penamoa reubicadas a raíz de ese plan siguen sin ser independientes y Varela reconoce que muchos se niegan a seguir los itinerarios que les marcan los servicios sociales.  

El mayor hito en este campo fue la reubicación de las familias que vivían a la sombra de la ruinosa nave de La Toja, y con las que ya había trabajado la ONG Arquitectura sin Fronteras 

Plan de Hábitat Digno 
Sin embargo, hubo que esperar un año (hasta el 17 de junio de 2016) para que la junta de gobierno aprobara el Plan de Acceso al Hábitat Digno, como denomina el Gobierno local a su proyecto para erradicar el chabolismo. El alcalde explicó que se trataba de un programa para abordar el problema desde una perspectiva  integral: “Traballar coas familias, de unha a unha, preparalas para que podan ter unha vida autonoma noutro sitio, que poidan integrarse laboralmente e que poidan ter vivendas que respondan a súa forma de vida”. 

Era un plan de ambicioso y que contaba con un equipo propio, en vez de solo contar con las trabajadoras de los centros cívicos. Se convocó un concurso del que salió ganador un personal que no tenía experiencia sobre el terreno en el que debía trabajar, y el equipo se convirtió en la única entidad que se ocupaba del trabajo social necesario para la reubicación después de que, hace un año, la ONG Arquitectura sin Fronteras no renovara el convenio que mantenía con el Ayuntamiento.

Los esfuerzos para la reubicación se centraron en A Pasaxe, por ser el poblado que ofrecía las peores condiciones de habitabilidad. El avance más importante conseguido por el Gobierno de la Marea Atlántica fue despejar de chabolistas la antigua nave de la fábrica de La Toja, sobre la que pensaba una orden de demolición por ruinosa, para que la empresa propietaria, la inmobiliaria Altramud, pudiera derribarla. Por orden judicial dictada durante el mandato de Carlos Negreira, correspondía al Ayuntamiento despejar la zona, pero la actuación se demoró hasta principios de mayo de 2017. Los pobladores que tenían sus infraviviendas en esa zona del poblado fueron reubicados. En total, cuatro familias. La ONG Arquitectura sin Fronteras había trabajado con ellos durante varios años, preparándolos para este momento, así que no hubo problemas. El resto de los afectados se traslado a otras infraviviendas en el mismo poblado. Otra familia afectada que vio su casa calcinada en un incendio e también fue trasladada. Mientras tanto, la Concejalía de Medio Ambiente se encargaba de retirar toneladas de basura que se habían acumulado en el poblado, y que habían servido de combustible al incendio. En agosto de 2017, se derribaron 15 galpones vacíos. 

Los afectados se resisten a reubicarse de forma temporal en pisos de alquiler a cinco años vista y en los que no tienen donde almacenar la chatarra que es su principal sustento

Tras varias reubicaciones más, durante 2018 se produjo un estancamiento. El Gobierno local fue muy escueto en sus informaciones, alegando que Se trataba de un asunto delicado, y que los servicios sociales trabajan con discreción. Sin embargo, en diciembre, una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó que el terreno sobre el que se asientan los galpones de A Pasaxe es de dominio marítimo-terrestre y que debe destinarse a uso público, así que celebraron una reunión en el propio poblado para comunicárselo,  el jefe de Demarcación de Costas, Rafael Eimil, y el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, que tuvo que enfrentarse al descontento general. 

El asesor legal de los chabolistas, Hugo Pastoriza, explicó la causa: lo que el Ayuntamiento ofrece es un piso alquilado a cinco años vista, del que paga el 80% del alquiler. Pero eso no incluye los gastos, como la luz, el agua, la comunidad... La mayor parte de las familias se sostienen gracias al Risga, un subsidio que puede variar pero que suele superar los 500 euros. Pagados todos los gastos, se quedan con 150 euros al mes con los que alimentar a su familia. A eso hay que añadir que muchas veces pierden el subsidio por cometer una infracción y no pueden pagar el alquiler. “Es agotar el proceso mientras se pueda y eso no satisface a nadie –declaró
el abogado–. Esto es morir despacio”. 

Sin perspectiva laboral 
La reunión sirvió también para revelar que el Plan de Acceso al Hábitat Digno se había convertido en algo semejante al Plan Especial de Penamoa: se reubicaba a las familias (“unidades convivenciales”) en pisos alquilados pero no se llevaba a cabo una labor exitosa de integración desde una perspectiva laboral. 

Lo que preocupa a los chabolistas es que no pueden realojarse en pisos por su profesión. “Pisos no, que andamos a la chatarra”,  zanjaba una señora. Su profesión supone unos ingresos precarios e irregulares y necesita de un amplio espacio de almacenaje, espacio que encuentran en abundancia en A Pasaxe. “¿Cómo voy a meter un camión de siete metros en el centro? Imposible”, señalaba otro afectado. Ninguna de las 25 familias quiere marcharse en esas condiciones 
La única experiencia positiva en ese sentido la lleva a cabo desde hace años la ONG Arquitectura sin Fronteras (antes de que llegara la Marea Atlántica, se llamaba Arquitectos sin Fronteras, pero la nueva oleada de lenguaje inclusivo les incitó a cambiarse el nombre) con la cooperativa de Mulleres Colleiteiras, que el propio equipo de Hábitat Digno reconoce en el documento que detalla el plan. Se trata de una pequeña empresa que solo contrata a mujeres chabolistas y que se dedica a la recogida del aceite vegetal para su posterior reciclaje y que cuenta con 65 puntos de recogida por toda la ciudad. 

La Marea Atlántica apoyó esta iniciativa, que se había puesto en marcha años atrás, pero no supo o  no quiso emularla en el caso de la chatarra, que es la principal actividad de los chabolistas. Enfrentado a este problema, y al rechazo chabolista, Varela se ofreció a negociar este año nuevas soluciones más allá del plan.