Sobre medio centenar de personas participaron ayer en Pontedeume en el último acto de protesta organizado por los propietarios de terrenos situados en las Fragas do Eume. Se trató de la enésima movilización de un colectivo que lleva años reclamando compensaciones justas no solo por sus parcelas, sino también por la limitación de usos en las mismas, desde que este espacio fuera declarado parque natural en el año 1996.

Así, la manifestación partió de la glorieta más cercana al puente de piedra de la avenida de A Coruña a las once de la mañana, cruzando en ambos sentidos la infraestructura y volviendo al punto de inicio, donde se concentraron hasta la una del mediodía. Fue una protesta pacífica y sin incidentes que, al igual que las anteriores, tenía como objetivo dar visibilidad a un conflicto que en algunos casos ya afecta a más de una generación familiar.

“Seguimos a la espera de que la Xunta nos llame, porque nosotros ya presentamos una propuesta concreta como nos pedían”, explicó Ángeles Pita, una de las portavoces de las dos asociaciones de propietarios afectados. En este sentido, detalló que el pasado mes de septiembre se citó a ambas entidades a una reunión en San Caetano para plantear unas bases sobre las que continuar negociando, pero que, desde entonces, no han obtenido ninguna respuesta de la administración autonómica.

Compra de parcelas

Una de las críticas que manifestó Pita es el anuncio el pasado mes de noviembre por parte de la Consellería de Medio Ambiente de la adquisición de un total de doce parcelas –once en Monfero y la restante en Cabanas– con una extensión de trece hectáreas. A este respecto, desde las dos asociaciones se insistió en que la compra de terrenos individuales no supone una solución para el conflicto, dado que no afecta a una de las principales reclamaciones del colectivo: las indemnizaciones por la limitación de usos de sus propiedades.

“Ellos están todos ufanos de que han adquirido unas cuantas hectáreas, pero con eso no cumplen con la Ley, que dice que hay que compensar a los propietarios  por las limitaciones que tenemos. En la zona de reserva son tan totales que no se pueden ni pisar y en las de uso limitado casi también”, lamenta Ángeles Pita, explicando que, por miedo a las multas, los madereros optan por no operar en estos terrenos pese a la existencia de especies que se pueden comercializar, como los eucaliptos.

A este respecto, la propietaria señala que a algunos de los afectados se les trasladó la opción de que sea el propio gobierno autonómico el que se encargue de cortar y transportar las unidades permitidas, pero que en ningún momento se formuló como una propuesta oficial y por escrito, por lo que dudan de su veracidad –de hecho, en la reunión de septiembre los responsables de la Xunta no se manifestaron al respecto–. En este sentido, Pita afeó que las propuestas económicas para la compra de terrenos son bajas y no contemplan el vuelo que puedan tener.

En cualquier caso, la afectada insiste en que la Xunta sigue sin cumplir la legislación de cara a aquellos que optan por no vender sus propiedades.