El pleno de Ferrol debatirá en la tarde de este jueves una moción de BNG y Ferrol en Común a instancias de parte del tejido asociativo de Canido –asociación vecinal, Muíño do Vento, Movilidad Humana y la parroquia de San Rosendo-Santa Cruz– en la que, entre otros puntos, se votará si el Concello pide a la Xunta la declaración de zona tensionada en lo que respecta al alquiler.
La Ley de Vivienda en vigor establece que son susceptibles de tener esta consideración aquellas en las que el coste de la hipoteca o el alquiler supera el 30% de los ingresos medios de los hogares o en las que el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años.
Según el Observatorio da Vivenda de Galicia, un organismo adscrito al Instituto Galego de Vivenda e Solo, hay en la ciudad cinco zonas con esta calificación, entre ellas Canido, pero también A Magdalena o Esteiro. Los datos así lo indican. Aunque se trata de un “estatus” en el que juega un papel central la evolución a lo largo de los últimos años –sobre todo al tomar de referencia la variación en relación con el IPC–, el dato más reciente, el que compara el año pasado con el actual, sigue reflejando aumentos.
Así, por ejemplo, el importe medio de la renta mensual de los contratos firmados este año se sitúa en 483,9 euros (sigue siendo el más barato), por los 439,3 de los que se rubricaron el año pasado. Ese incremento, unido a los más moderados de otras urbes, ha llevado a Ferrol a acercarse a menos de 12 euros (495,3 euros) de la ciudad que la precede, Ourense, cuando el año pasado la distancia con la siguiente más barata en la lista era mucho mayor (30,5 euros de diferencia con Lugo).
La situación es más ilustrativa si se compara con los datos del Observatorio más antiguos. Por ejemplo, en 2015 el importe medio era de 307,4 euros y ha ido subiendo paulatinamente a los 322,2 en el año 2016; 331,1 en el ejercicio siguiente y experimentó una pequeña caída en 2018 (apenas unos céntimos, 330,6 euros). Para el año prepandemia el incremento fue de casi 19 euros (349,1 euros) y a partir de ahí volvió a aumentar hasta los 360 en 2020, 378 en 2021 y 400 en el 2022.
Uno de los colectivos más afectados por el precio de los alquileres es el alumnado que elige Ferrol para sus estudios superiores, sean universitarios o de Formación Profesional. La impresión generalizada es que cada verano –a veces primavera, incluso invierno– anterior al inicio de cada curso las dificultades para encontrar un piso aumentan. Es por ello que una de las organizaciones de referencia para el estudiantado, Erguer, ha convocado para el próximo miércoles, 2 de octubre, una protesta en las siete ciudades.
El portavoz nacional de la asociación, Artai Gavilanes, señaló este miércoles que el encarecimiento del alquiler “é unha realidade que non deixou de medrar na última década”, situación especialmente lesiva para el colectivo porque “o principal gasto é precisamente o pagamento da renda”.
En una visión general, el portavoz estudiantil explica que el número de plazas de residencias públicas es “moi baixo e, de feito, hai trinta anos que non se constrúe ningunha, o que provoca que en moitos casos as prazas dos aloxamentos privados tripliquen ou cuadrupliquen as dos públicos. Este ano, 2.400 estudantes de Compostela quedaron na lista de agarda”. La turistificación, sostiene, también influye.
En lo que respecta a Ferrol, Artai Gavilanes reconoce que se trata “dunha das cidades máis baratas”, pero recuerda que “a residencia pública ten unicamente 25 prazas, una cifra ridícula”. Además, apunta que “nos últimos tres anos, o prezo medio do alugueiro subiu arredor de 100 euros, o 20%, e empeza a agromar o fenómeno da turistificación”. “Estamos nun momento crítico e, se non se actúa, isto vai ir a peor e vai supor un problema para toda a sociedade porque dificulta o acceso ao ensino superior”, dice.