La Diputación de A Coruña reclamará a Audasa 1,3 millones por el IBI de la AP-9 en el último trimestre de 2023, según ha informado la institución provincial tras una reunión de Ayuntamientos de la provincia por la que discurre la AP-9. La medida afecta en los Concellos de las  comarcas a Fene, Cabanas y Pontedeume.

También lo haría a Ferrol, si bien las grandes ciudades no tienen delegado en la Diputación el cobro del IBI.

El presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, mantuvo, en el Pazo de Mariñán, en Bergondo, una reunión con los alcaldes y alcaldesas de los Ayuntamientos de la provincia en la que se decidió también iniciar negociaciones para una actualización catastral que revise las cantidades que Audasa paga en concepto de IBI. Durante el encuentro, González Formoso confirmó que la Diputación de A Coruña atenderá la demanda de los municipios de reclamar a Audasa los retrasos en el IBI correspondientes a los meses que van del 19 de agosto de 2023 –cuando terminó el fin de la bonificación del 95% de la que disfrutó Audasa durante décadas– hasta el 31 diciembre de 2023.

Cobrado 2024

“Unhas cantidades que suman un total de 1,3 millones de euros nos 18 concellos que delegan o cobro do IBI na Diputación”.

Esta reclamación llega después de que la Diputación ha liquidado ya a Audasa el 100% del IBI de 2024, “o que supuxo para os 18 Concellos da AP-9 que cobran o IBI dende o organismo provincial pasar dunha recadación de apenas 189.000 euros a casi 3,8 millones de euros anuais”.

La decisión de liquidar el 100% del IBI de 2024 se tomó de oficio, “sin coste ningún para os Concellos nin para a cidadanía”, recordó Formoso, por parte dos servicios tributarios de la Diputación en virtud del Real Decreto que establece en el 19 de agosto de 2023 el fin del 95% de bonificación del que disfrutó Audasa gracias a una Ley de 1972.

Por otra parte, en la reunión que se celebró en el Pazo de Mariñán, la Diputación de A Coruña  se comprometió, además, a negociar con el Catastro otra demanda de los Concellos: una actualización catastral que revise las cantidades que Audasa paga en concepto de IBI. “Estamos en conversas co Catastro para intentar facelo de xeito consensuado. A Deputación ten claro que o seu interese é cobrarlle á empresa que xestiona a autopista o xusto, o mesmo que paga calquera veciño ou veciña”, expuso el presidente del ente provincial.