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miércoles | 27 noviembre | 2024
Las casetas derruidas del entorno de Lobadiz podrían tener los días contados. La propiedad de la mayor parte de los terrenos en los que se asientan –solo hay tres que pertenecen al dominio público, según precisan desde la Demarcación de Costas–, la Comunidad de Montes de San Xurxo, inició hace un tiempo las gestiones para poder ejecutar una decisión que en los últimos tiempos ha encontrado el respaldo en buena parte de la sociedad que conoce la situación o que visita ocasional o frecuentemente este paraje único de la costa ferrolana.
En estos momentos, según explica Jorge Bouzas, técnico forestal de Selga –empresa que asesora a los cerca de 90 propietarios que conforman la comunidad en la gestión del monte–, la agrupación está a expensas de recibir la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta sobre uno de los dos permisos necesarios –el otro ya lo tienen y es de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza– para actuar en un entorno afectado por el castro costero de Lobadiz. La decisión está tomada.
“Agora mesmo”, explica Bouzas, “xa temos concedido o permiso por parte de Conservación da Natureza para retirar as casetas dos pescadores e tratar os residuos de forma correcta”, comenta. Sobre el otro, el de Patrimonio, el técnico señala que se ha presentado un proyecto de control arqueológico “que está pendente de aprobación. Entendo que, unha vez que o teñamos, a comunidade procederá á súa retirada”.
“Neste caso concreto”, apunta Jorge Bouzas, “os problemas máis grandes veñen polas afeccións sectoriais”. Así, subraya que los terrenos están en plena Red Natura y que esa figura exige la protección de la flora y la fauna, “pero para iso, para facelo todo de forma correcta, xa contamos co visto e prace de Conservación da Natureza”, recuerda. “E tamén temos o castro”, añade, “e hai que ter moito coidado de non danalo máis do que xa está, e para iso haberá un seguimento directo por parte dun arqueólogo. É unha zona con valores ambientais e culturais que poden dificultar un pouco esa actuación, pero estase traballando para facelo todo coas cautelas e garantías necesarias”.
En principio, estos trabajos los asumirá casi en exclusiva la propia comunidad. Hay acuerdo con el Concello para que le suministre los contenedores necesarios para depositar esos escombros –hormigón y ladrillo, pues de uralita apenas queda nada– y enviarlos al punto limpio. Con Costas también ha habido conversaciones, pero por el momento no se ha llegado a un acuerdo. “A súa idea”, señala Manuel Varela, el presidente de los comuneros, “era que nós cederamos os terreos ao Concello para poder chegar entre eles a un acordo de restauración, pero non o imos facer”.
En Costas, recuerda la Subdelegación del Gobierno, se considera que lo lógico sería acometer la recuperación integral de la zona, teniendo en cuenta que de todas las construcciones que se levantaron entre finales de los 70 y la década de los 80 para dar servicio a los pescadores, solo tres (de un conjunto de casi veinte) están en dominio público. Para esa intervención integral, la Comunidade de Montes tendría que ceder sus terrenos a la administración local para que después el Concello los pusiese a disposición de Costas y poder acometer así el proyecto.
Pero los casi 90 propietarios de estos montes que suman unas 300 hectáreas, no quieren recurrir a la cesión, por lo que, si no hay cambios, la intervención la asumirán ellos íntegramente.
En todo caso, en lo que sí hay acuerdo es en que esta actuación sólo acarreará beneficios. En primer lugar, sostiene Xan Silvar, delegado de la Sociedade Galega de Historia Natural, porque permitirá “a restauración dunha contorna dun altísimo valor”, punto en el que coinciden muchas de la personas que a través de diferentes trabajos y estudios vienen reclamando una solución. Son varios los autores que han plasmado la importancia de recuperar un lugar con valor natural y patrimonial.
El trabajo de Emilio Ramil y Juan Carneiro del año 2000 (“Patrimonio arqueolóxico castrexo de Ferrol: modelo teórico para promover o seu uso social”, publicación resultante de su participación en unas jornadas de 1999) es un ejemplo, pero esa estela la han seguido otros que han firmado trabajos en diferentes números de la revista Columba, como Isabel Perales (“El castro de Lobadiz como patrimonio olvidado, entrega 17) o David Fernández y Vanesa Trevín (“El castro de Lobadiz y su futuro: notas para una recuperación”, entrega 18).
Alguna de las construcciones está “apoyada” sobre la primera línea defensiva del propio castro
En sus artículos se refieren también a las casetas, no solo por la proximidad de la mayor parte de estas construcciones que califican como “ilegales”, sino porque varias afectan directamente al castro. “Se construyeron sobre la primera línea de defensa (el parapeto que antecede a la doble línea de muralla y foso), numerosas casetas que destruyeron lo que sería el torreón y el parapeto. En algunos casos se apoyaron en la primera línea de muralla para protegerse del viento”, afirma.
David Fernández y Vanesa Trevín, por su parte, recordaban en su estudio que “el territorio de uso cotidiano del castro se extiende entre uno y tres kilómetros del área de ocupación” y aseguraban que, “pese a que el entorno de Lobadiz es un espacio poco antropizado, existe un elemento que impacta visualmente el yacimiento: las casetas ilegales de pescadores que se han instalado al pie de la muralla, afectando a la parte exterior de su sistema defensivo”. Aseveraban los autores que su eliminación era “una reivindicación histórica”.
La realidad es que alguno de esos galpones todavía tiene uso como almacén de aparejos y otros útiles de pesca y, por ello, incluso se valoraría la posibilidad de habilitar algún tipo de estructura, acorde y no lesiva con el entorno, que pueda cumplir esa función, apunta Manuel Varela, que insiste, no obstante, en que “o máis importante é estar dentro da lei”.
La restauración del entorno admite varias alternativas que deberán valorarse, aunque el delegado de la SGHN, Xan Silvar, también quiere llamar la atención sobre un aspecto que considera central en esta actuación, que es la “delicadeza” de la zona “desde o punto de vista xeolóxico”, con algún desprendimiento que ha afectado incluso al muro del castro, pero también a la zona donde se levantan las casetas.Esta alerta de seguridad la comparte también Jorge Bouzas. “Á comunidade preocúpalle o vandalismo que sufriron, o estado no que están agora e que alguén poida mancarse alí, tendo en conta que é un monte cun uso social moi alto”, subraya el técnico de Selga.
La empresa Selga asesora desde hace un tiempo a la Comunidade de Montes de San Xurxo, una encomienda que, entre otras cosas, le ha permitido a los casi 90 propietarios de estas 300 hectáreas redactar y aprobar el primer proyecto de ordenación de los recursos de que dispone el monte y de los usos posibles. “Agora estamos pendentes”, explica Jorge Bouzas, “de empezar a facer algunhas cortas de arborado nas zonas nas que os pinares teñen máis idade e empezan a ter xa unha elevada mortalidade para renovar esas masas”. También se hecho la certificación forestal en FSC y en PEF “como garante de xestión sostible desa superficie”. “Dotarte dun asesoramento técnico”, señala, “é importante porque hoxe en día sae moitísima normativa e hai moita burocracia que complica os procesos”.
En cuanto a los problemas de los montes comunales, Bouzas explica que la idiosincrasia de los de San Xurxo –“situados na contorna dun núcleo de poboación importante e, polo tanto, con moito uso social”– es precisamente que el visitante “descoñece que iso é unha propiedade privada e que debe cumprir unhas normas”. l
