Cuando Xaime Bello cerró el acuerdo con el Ministerio de Defensa para que el Concello de Ferrol comprase el castillo de San Felipe por 165 millones de pesetas en el año 2000, tiró de épica para recordar que justamente 200 años atrás la fortaleza había protegido a los ferrolanos del ataque británico en la batalla de Brión y que ahora volvía a manos del pueblo.
Se cumplen 25 años de aquello, siendo este Bien de Interés Cultural el emblema de una ciudad que, en este tiempo, no ha sabido muy bien qué hacer con él. Sin un documento que marcase el rumbo de su rehabilitación y su contenido, a merced de los vientos cambiantes que giran la veleta cada cuatro años en Armas, el castillo se ha beneficiado intervenciones a cuentagotas.
Ahora, el viejo recinto de 15.000 metros cuadrados cuenta los meses para que se materialice el último proyecto pensado para “dinamizarlo”: una cafetería en la Casa del Comandante, con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica.
La concejala de Urbanismo, Blanca García, confía en que disponer de un espacio para la hostelería servirá de reclamo para hacer de San Felipe el epicentro de actividades de ocio en su entorno y asumir la encomienda que puso sobre la mesa el Colexio Oficial de Arquitectos cuando el Concello lo compró: el deber de usarlo para conservarlo, para que no fuese un “museo de piedra”.
No obstante, han sido muchas las ideas que los sucesivos gobiernos han tenido para el castillo, empezando por la coalición BNG-PSOE. El propio Bello hablaba en el 2000 de usos turísticos, deportivos, culturales y científicos, enumerando una galería y un lugar de “investigación oceanográfica”.
Ese mismo año, el Grupo Ram, una alianza empresarial rusa dedicada al petróleo, barajó la compra del castillo para instalar allí su sede en España, considerándolo un enclave estratégico a nivel geográfico e industrial. Poco después, la edil socialista Montserrat Rodríguez, responsable de Turismo, anunció en febrero de 2001 que su intención pasaba por convertirlo en un “hotel-escuela” a partir de un convenio con el campus universitario. Entretanto, un número significativo de entidades ferrolanas solicitaron la cesión de un espacio en el recinto, algo que tampoco llegó a producirse.
En 2003, el Ministerio de Fomento, con el popular Álvarez Cascos a la cabeza, comprometió en plena campaña de los comicios locales una rehabilitación para crear un Centro de Información, Interpretación y Exposición que se quedó en el papel. Con Juan Juncal (PP) en el Consistorio en coalición con IF, se anunció la creación de un gran espacio para el ocio y la cultura, abriéndolo a la iniciativa hotelera privada con museo, visitas, rutas teatralizadas y un pequeño puerto deportivo, entre otros.
Dos años después, la propuesta del mismo ejecutivo era otra: instalar en el castillo una escuela taller, un centro formativo para menores de 25 años, un proyecto del concejal de Empleo, que era entonces el actual regidor, José Manuel Rey Varela. Sin embargo, no sería este el último plan del ejecutivo popular, puesto que en enero de 2007 se anunciaba que al menos un 80% del recinto se destinaría a usos culturales, con la “protección máxima” que impediría la explotación comercial de esas zonas.
Un nuevo giro de veleta con viento del oeste cambió de color el Palacio Municipal y, con Vicente Irisarri blandiendo el bastón de mando, se materializó la primera rehabilitación en el castillo, once años después de su compra, en la Casa del Gobernador y con cargo a fondos estatales —600.000 euros—. Se proyectaba un hotel-monumento con capacidad para 82 huéspedes en 36 habitaciones.
El plan era levantar una edificación fuera del recinto, en su parte trasera, donde irían la mayoría de las alcobas, mientras que en el inmueble rehabilitado se instalarían salones nobles y restaurante, y en el lateral del hornabeque diez dúplex para tres personas cada uno.
Costaría entre 12 y 15 millones de euros y tendría además, como explicaba el arquitecto Iago Seara —autor del proyecto y del plan de usos— a este periódico en abril de 2010, una escultura en recuerdo de las víctimas. La intención del ejecutivo era buscar financiación ofreciendo su explotación a Paradores Nacionales, siguiendo el ejemplo de San Estevo do Sil; pero, de nuevo, todo quedó en el aire.
Ráfaga al este —es decir, a la derecha— con la primera legislatura de Rey Varela en la Alcaldía en mayo de 2011, iniciando cuatro años en los que no se realizaron propuestas formales para San Felipe ante las críticas de un PSOE que aseguraba que la fortaleza estaba “en estado de abandono” y sin servicio de seguridad, por lo que ni siquiera se estaba cobrando la entrada de un euro.
De hecho, ya con el bipartito Ferrol en Común-PSOE en Armas, en agosto de 2015 el Concello tuvo que vallar varias zonas del recinto por riesgo para los visitantes “tras anos de deixamento e falta de conservación”, decía la entonces concejala de Patrimonio, Rosa Méndez, en cuyo mandato se realizaron intervenciones en la Casa de Cureñas y en elementos como cornisas, entre otras. Asimismo, se aprobó en pleno, a petición de la Asociación de Memoria Histórica, que San Felipe se convirtiese en un Centro de Interpretación de la Memoria.
Ya en la legislatura del socialista Ángel Mato, se materializó un proyecto que incluía dos actuaciones: la recuperación de la torre de la batería baja y su adaptación como espacio expositivo. Además, en junio de 2021 se habilitó un centro de divulgación en la entrada y en octubre de 2022 se presentó el plan para convertir la Casa del Comandante en local de hostelería, subvencionado con fondos estatales de Transición Ecológica, un documento que tuvo que corregir el actual gobierno para obtener la luz verde de Patrimonio.
El documento que fijaría las obras necesarias, el mantenimiento y la utilización del espacio fue una patata caliente para todos los gobiernos municipales e incluso para el Ejecutivo central, que también se comprometió a financiar su elaboración en 2003 y no cumplió. Hubo, eso sí, dos que llegaron a estar cerca de materializarse.
Por un lado, el Plan Director que elaboró Iago Seara con el PSOE y llegó a presentarse en mayo de 2011, pero nunca se ratificó, y el que se redactó durante el mandato de Ferrol en Común con cargo a los fondos Feder de la iniciativa MMIAH que, si bien no se oficializó, reconoce la concejala socialista Eva Martínez Montero, que fue después responsable de Patrimonio, que sí les sirvió como hoja de ruta en las intervenciones.