La agresión sufrida la pasada semana por una funcionaria municipal de Ferrol en su puesto de trabajo y su posterior escrito de denuncia de supuestas presiones por parte de miembros del grupo de gobierno sigue copando la actualidad municipal. Ayer mismo, este asunto fue uno de los ejes centrales de dos reuniones en el palacio consistorial: la Mesa Extraordinaria de Negociación y la Xunta de Portavoces.

En el primer caso, representantes de los sindicatos CIG y CSIF realizaron al inicio del encuentro un acto de protesta para expresar su solidaridad con la trabajadora y su rechazo ante las mencionadas imposiciones. De esta forma, la parte social solicitó al gobierno local que se permita participar a los representantes de la plantilla “nas distintas accións que se leven a cabo en relación con esta situación”.

Por otra parte, también denunció  que “non se levou a cabo ningún tipo de negociación” en la mesa, que volverá a reunirse el próximo día 21, lamentando además que no se incluyan ninguno de los puntos solicitados por ambos sindicatos.

Condena

Respecto a la Xunta de Portavoces, en la que se abordaron el traslado del Archivo Militar a Madrid y la agresión y posterior escrito, los grupos de la oposición, además de volver a condenar este incidente, exigieron al Concello que dé explicaciones sobre las supuestas presiones para priorizar ciertos expedientes por parte de miembros del grupo de gobierno.

De este modo, el portavoz del BNG, Iván Rivas, instó al ejecutivo ferrolano a “cambiar o seu modo de relacionarse co persoal funcionario” y a “abandonar comportamentos prepotentes e autoritarios”. Asimismo, Rivas exigió al alcalde “explicacións inmediatas e urxentes” sobre las imposiciones denunciadas, lamentando que la única respuesta proporcionada por el momento es que se abrirá un expediente informativo al respecto.

Por su parte, el máximo responsable de Ferrol en Común, Jorge Suárez, incidió en la necesidad de “dilucidar en que circunstancias se está a traballar nese departamento, con aglomeracións que non son asumibles e non xeran máis que tensións”, en referencia a las críticas de la parte social sobre la decisión de juntar Estatística y el Rexistro en un mismo espacio. En relación a las presiones, Suárez apuntó a que el expediente no era suficiente, porque “non pode solucionar as responsabilidades políticas” de confirmarse la veracidad del escrito de la trabajadora.

Por último, el concejal socialista Rafael Fernández se mostró favorable al mencionado expediente informativo, aunque insistió en que, tanto la agresión como la posterior denuncia, eran temas “delicados”, pidiendo, por tanto, que el procedimiento se llevase con “respeto”.

Por otra parte, cabe recordar que, tras conocerse la agresión, desde el gobierno local se puso a disposición de la afectada los servicios jurídicos municipales. Asimismo, también se abrirá el mencionado expediente para investigar la denuncia y el funcionamiento de estos departamentos, el cual será realizado por un instructor independiente.