El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos que se presentó hace pocos días señala a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol como una de las que aporta datos de peor calidad. “Un grupo de obispados no suministró prácticamente información de los casos que reconoce, ni sobre agresores, ni víctimas, ni abusos ni lugar o tiempo”, apunta el documento, y menciona a Sant Feliu de Llobregat, Almería, Menorca, Ibiza, Mondoñedo-Ferrol y Vic. En otra página indica que hay cuatro que “no aportaron datos de las víctimas de sus casos” y vuelve a estar incluida la sede mindoniense. En los anexos se resuelve con un “sin datos” para la diócesis la tabla sobre el número de víctimas y su distribución por sexo y edad y la de las décadas en las que se producen los abusos reportados.
 

Este señalamiento ha causado sorpresa en el ámbito eclesiástico puesto que se envió, explica el responsable de comunicación de la comisión Protege, Baruk Domínguez, la información pedida por el Defensor del Pueblo como se ha hecho siempre que se ha solicitado por parte de alguna administración. Este mismo año la Diócesis figuraba en titulares justo por lo contrario, por ser, junto con la de Santiago, la única de las gallegas que había contestado a la Fiscalía General del Estado en sus requerimientos, en ese caso para explicar que no constaban denuncias en curso.

Dos acusaciones

Los casos que se han tratado en la Diócesis se refieren a momentos distintos y ninguno ha llegado a la justicia ordinaria. Uno está datado en la década de los 80 y figura como acusado en el listado elaborado por el periódico El País una persona con las siglas M.V.C., seglar perteneciente a la Orden Terciaria Franciscana (una de las cofradías de Viveiro). “Lo que se hizo desde la Diócesis fue informarnos sobre si dicha persona ejercía algún cargo actual en la parroquia e impedir que tuviera ningún cargo en la misma. No se informó ni se tuvo contacto con la Orden Terciaria”, explican fuentes diocesanas.

Se incluyen dos acusaciones, una en los ochenta y otra, más reciente, archivada por falta de indicios 

Más recientemente, en 2018, se abordó una denuncia interpuesta contra un párroco residente en Mondoñedo acusado de tocamientos. Se le retiró de su actividad mientras se realizaba la investigación. Unos meses después la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió el archivo del caso por no encontrar indicios para iniciar ningún proceso administrativo o judicial y solicitó que se revocasen las medidas cautelares. Tampoco se inició por parte de la acusación ningún procedimiento penal.

En ese momento era obispo de la Diócesis Luis Ángel de las Heras, que manifestó el firme compromiso de erradicar “cualquier abuso de poder, de conciencia y sexual en el seno de la Iglesia, colaborando con la máxima transparencia en toda investigación y desde la colaboración con las autoridades judiciales”. 

En el listado del País aparece también una denuncia en la parroquia de Caión, en A Laracha, que se ubica erróneamente en Mondoñedo-Ferrol. Se le comunicó la información al periódico para que subsanase el fallo y también al arzobispado de Santiago, que es a quien pertenece.

La comisión Protege recoge las denuncias por abusos que pueda haber, actuales o pasadas

Esta información es pública y conocida y no hay, insisten desde la Diócesis, ningún afán de ocultamiento, sino todo lo contrario, por lo que no se explican qué ha podido pasar en la comunicación con el Defensor del Pueblo.

Comisión Protege

La de Mondoñedo-Ferrol, junto con la de Tui-Vigo, es una de las diócesis gallegas que antes ha puesto en marcha las medidas preventivas y de reparación establecidas desde el Vaticano. Entre estas se incluye la publicación de una guía de buenas prácticas que indica unas pautas de comportamiento para todas aquellas personas, religiosas o no, que en sus ámbitos trabajen con menores o personas vulnerables. Servirán de modelo para el resto de Galicia. 

También tiene la diócesis ferrolano-mindoniense una oficina de recepción de denuncias, a través de la comisión Protege, creada en febrero de 2022 (protege@mondonedoferrol.org). Ofrece asesoramiento jurídico y canónico y también acompañamiento psicológico. Sus objetivos principales son canalizar en tiempo y forma, de acuerdo a la disciplina canónica y civil, las noticias o denuncias sobre posibles abusos sexuales; la sensibilización a cuantos realizan tareas apostólicas o asistenciales en la diócesis en la prevención y erradicación de cualquier forma de abuso; y la prevención de situaciones de conflicto.

“Es una herramienta para prevenir y crear espacios seguros en la Iglesia para los menores y personas vulnerables, así como para restaurar las injusticias cometidas a través del necesario acompañamiento”, indican.

Desde su puesta en marcha no han recibido denuncias ni acusaciones relacionadas con abusos  por parte de ningún miembro de la Diócesis. Están abiertos también a que se les comuniquen casos del pasado para sacar a la luz cualquier situación irregular que se pudiera haber dado.