Las protestas de trabajadores y usuarios del Centro Ocupacional Souto de Leixa por las malas condiciones de este edificio y la situación laboral de su plantilla son una constante de la realidad social ferrolana. A pesar de las muchas concentraciones realizadas con el paso de los años a las puertas de sus instalaciones, esta coyuntura apenas ha presentado mejorías, por lo que los afectados, junto con el BNG, han decidido plantarse y dar un paso más para hacerse oír, constituyendo de forma oficial la plataforma Agora.

Así, representantes de los trabajadores y los familiares de los usuarios realizaron ayer frente al edificio administrativo de la Xunta la presentación de esta nueva entidad, que nace con el objetivo de fortalecer sus reivindicaciones ante el silencio de los responsables de este centro dependiente del Imserso. Ramón “Mon” Fernández, diputado comarcal del BNG, explicó que se decidió fundar la plataforma en este momento “porque está aberto un proceso de licitación para adxudicar a xestión do centro” y, con ello, mostrar su rechazo a la posibilidad de que sea concedida a cualquier ente relacionado con el grupo Clece, actuales responsables de este servicio.

“En principio a adxudicación vai estar reservada a entidades sen ánimo de lucro, pero é de dominio público que grupos como ACS ou Clece contan tamén no seu organigrama con asociacións deste tipo”, advirtió Fernández Alfonzo. Del mismo modo, el diputado detalló que se ha habilitado una dirección de correo electrónico para que todos los afectados por la situación del centro puedan trasladar sus inquietudes o su voluntad de entrar a formar parte de la plataforma.

Sin respuesta

Por su parte, Laura –nombre ficticio para evitar potenciales repercusiones–, familiar de uno de los usuarios del Souto de Leixa, apuntó que, si bien se realizaron en los últimos meses obras de mejora en las instalaciones ferrolanas, estas presentan muchas deficiencias y están lejos de cubrir todas las necesidades del centro. Asimismo, también denuncia que, incluso llevando el caso a la Fiscalía estatal, siempre los acaban remitiendo a Política Social, donde les trasladan que no les constan deficiencias en el centro.

“Cada vez nos estamos juntando más los familiares”, afirma Laura, incidiendo en la “desesperación” que sienten todos ellos ante la falta de soluciones. “Estamos exigiendo lo básico en cuanto a vestimenta, trato, comida...”, relata, lamentando la dificultad de trasladar a la ciudadanía la realidad que se vive en el día a día.