Una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “la captura y detención inmediata” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país. 

“Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela”, dijo el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico a la Fiscalía de la Corte. 

Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa. “Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero”. El expresidente socialista no se ha manifestado desde la celebración de las elecciones.

Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), denuncian en su informe jurídico “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “crímenes de lesa humanidad”, del régimen de Nicolás Maduro, al que acusan de “terrorismo de Estado”.

Causa abierta

Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del ejército por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021. En noviembre de ese año, la Fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra el país tras examinar las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014. La investigación es contra Venezuela y no contra altos cargos del país. 

El “núcleo” del informe jurídico se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del ejército.

“Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar”, señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es “directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional”, así como los demás cargos, ya que “la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones”.

“Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República”, sentenció Pastrana, quien ofreció a la CPI la cooperación del grupo IDEA para conseguir “evidencias, pruebas, respaldo legal” para que pueda actuar “rápido” en la causa. 

En su reunión con el equipo del fiscal Karim Khan, Pastrana también quiso “llamar la atención de lo que estaba pasando” en el país y de la “preocupación” por la seguridad de los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es “muy frágil”, así como de los “más de 1.200 detenidos políticos”.