La conselleira do Mar, Rosa Quintana, insistió en que la Xunta iniciará el proceso para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de cambio climático aprobada la semana pasada en el Congreso si no se modifica el artículo 18.

En una entrevista en la Cadena Ser, manifestó que se trata de un artículo “claramente inconstitucional”, en base a los informes solicitados tanto a la Asesoría Jurídica de la Xunta como al Consello Consultivo, por la aplicación “retroactiva” de la norma.

Quintana reprochó que ese artículo, en concreto sus puntos 3 y 4, generan “inseguridad jurídica” y no confía en las explicaciones ofrecidas por el Ministerio de Transición Ecológica de que esta ley no afectará a las empresas gallegas que se encuentran en la costa porque deja un horizonte de 75 años de permanencia.

“Eso es lo dicen ellos, no es lo que está escrito en la ley”, replicó la conselleira, quien asegura que con la nueva normativa se les rescinde a las empresas la posibilidad de tener una prórroga extraordinaria y supone una reducción sobre lo establecido en la ley de costas del estado.

Así, aseguró que es una normativa que “perjudica” a Galicia y a varios sectores, entre ellos, el conservero y criticó el “empecinamiento” de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la redacción de esta ley.

“El sector necesita seguridad jurídica sobre la duración de sus concesiones”, ha dicho, y “si no lo sabe, se retrotrae, no hace inversiones y no avanza”.

En todo caso, la responsable de Mar cree que aún hay margen para negociar una modificación de la ley de cambio climático porque tiene que debatirse ahora en el Senado, después de que el Gobierno haya “huido” del debate en la Cámara Baja.

Además, Quintana cuestionó alguna de las medidas impulsadas por la Unión Europea para el control a bordo de los barcos, como la instalación de cámaras, una disposición que califica de “absurda” porque no va a hacer que el control de la actividad pesquera sea mejor y solo va a “complicarle la vida” al sector.

Quintana considera que estas medidas hacen que el sector se sienta “abandonado por sus representantes políticos”. En este contexto, defendió que su consellería ya cuenta con un plan que permite “controlar todas las capturas nada más llegar a Puerto”, además de que luego “pasan por la lonja”.