En España se realizan anualmente cerca de 100.000 abortos voluntarios y el Ministerio de Igualdad sitúa entre sus prioridades reformar la ley que los ampara, un proyecto que previsiblemente volverá a suscitar la polémica y que busca garantizar un acceso equitativo a la prestación, eliminar el consentimiento parental y reconocer la violencia obstétrica.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce desde 2010 el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente la gestación en las primeras catorce semanas del embarazo y está recurrida desde entonces por el PP ante el Tribunal Constitucional, aunque todavía no hay respuesta.

Cuando gobernaron, los populares no derogaron la ley, pero impulsaron una reforma que exige el consentimiento parental a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.

Derecho a decidir

El departamento que dirige Irene Montero anunció el pasado octubre su intención de eliminar ese requisito y lo reiteró recientemente en boca de la recién nombrada directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas.

“La modificación de la ley del aborto pretende reforzar el control de las mujeres sobre su propio cuerpo y el ejercicio del derecho a decidir sobre la maternidad”, explica Morillas, que subraya como “prioritario” el devolverle a las jóvenes de 16 y 17 años la autonomía en esa decisión.

Paralelamente, el Gobierno quiere acabar con el hostigamiento que sufren muchas de las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y que con frecuencia se encuentran con grupos antiabortistas.

El nuevo texto legal incluirá la gestación subrogada entre las formas de ejercer la violencia contra las mujeres

Para ello, Igualdad apuesta por establecer zonas de seguridad en el entorno de estas clínicas que eviten las presiones.

Más allá del aborto, Igualdad apuesta por incluir en la ley dos formas de violencia contra las mujeres que hasta ahora no se habían tratado así: la violencia obstétrica y la gestación subrogada.

A través de un título específico, la ley contemplará la violencia obstétrica como forma de violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho de la mujer a decidir tanto en el embarazo como en el parto, en línea con documentos de Naciones Unidas y de la OMS.

En cuanto a la gestación subrogada, Morillas recuerda que la legislación española ya considera nulo cualquier contrato en este sentido, pero incide en que hay que hacer efectiva esta norma, por lo que la ley reconocerá como un tipo de violencia “la explotación reproductiva”.