El recibo de la luz protagonizó la vuelta al cole de la clase política, este miércoles en la sesión de control parlamentario al Gobierno. Lo último era el peinado del recibo en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Y eso provocó un virulento choque argumental entre el Sánchez que gobierna y el Casado que aspira a gobernar.

El líder del PP claveteó su argumento favorito: “Si el PSOE pedía la dimisión de Rajoy por una subida del 8% en el precio de la luz, ¿qué debe hacer Sánchez ahora tras una subida del 200%?”. Sánchez eludió la respuesta directa a la pregunta directa de Casado, sin dejar de valorar el coraje del Gobierno al poner los interés de los ciudadanos por encima de los intereses de las grandes compañías.

No me parece mal la motivación empleada en clave social como uno de los componentes de una política económica de inspiración socialista. De eso va el propósito de rebajar el recibo de la luz a los consumidores y los beneficios a las empresas. Es lo suyo. Tan previsible como que en el PP y Vox recurran al desplome bursátil de dichas empresas como consecuencia de tales medidas. Y tan previsible como que el PP mire hacia otro lado cuando Sánchez reclama de la derecha una remada conjunta.

La cosa no terminó ahí. Las vicepresidentas Calviño y Ribera, en sus respectivos turnos frente a los portavoces de PP y Vox, defendieron con ardor guerrero la intervención pública para frenar la factura que pagan los españoles por el uso de la electricidad en sus hogares.

“Sí se podía”, es ahora el grito triunfal del exvicepresidente Iglesias en su nuevo desempeño como tertuliano. Tenían razón en Unidas Podemos frente a quienes se oponían a una intervención de los poderes públicos destinada a reducir un recibo que no dejaba de crecer, dejando en severa situación de vulnerabilidad a miles de familias.

El método es árido y difícil de explicar, pero está suficientemente detallado en los medios de comunicación. Si hemos de hacer reduccionismo, vale retener que el Gobierno, en nombre del interés general, ha decidido limitar tanto el precio del gas natural (topar, como dicen ahora) como los abusivos beneficios de las compañías energéticas.

Eso por un lado. Por otro, ha aplicado una nueva reducción de impuestos, tras las anteriores bajadas: supresión del impuesto de generación y reducción del Iva del 21% al 10%. Ahora, además, minimiza el impuesto especial de la electricidad (impuesto estatal cedido a las Comunidades Autónomas, que serán compensadas por el Estado por esta pérdida de ingresos), que pasa del 5% al 0,5%.

En otras palabras: bajar impuestos y limitar las ganancias de las eléctricas sin vulnerar la ley de la oferta y la demanda en el mercado mayorista, que es donde se ha disparado el precio del kilowatio. Me parece bien.