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viernes | 20 diciembre | 2024
El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) fue procesado este miércoles en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA "San Juan", hundido en 2017, una decisión judicial que el propio exmandatario y sus aliados tachan de "persecución política".
El juez federal Martín Bava, de la localidad bonaerense de Dolores, procesó a Macri sin prisión preventiva, pero le prohibió salir del país una vez que regrese de Chile y ausentarse de su domicilio por más de diez días y, además, ordenó un embargo sobre sus bienes por 100 millones de pesos (unos 943.000 dólares).
En un extenso auto de procesamiento, el juez, quien ha sido recusado sin suerte por la defensa de Macri, sostuvo que encuentra "prima facie" (en primera instancia) al exgobernante "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generando las condiciones para que se pudieran llevar a cabo".
También le procesó "en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país", en concurso "con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor".
Según la investigación judicial, el presunto espionaje, realizado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, habría apuntado a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA "San Juan", el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.
"Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional", indicó Bava.
Para el magistrado, esas acciones "se realizaron con el único objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba".
En declaraciones a medios periodísticos en Chile, Macri dijo que apelará el fallo, pero que hasta entonces cumplirá con la decisión judicial, a la que calificó como una "persecución política" en su contra.
"Es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia Justicia argentina tener jueces como el juez Bava", afirmó.
Macri, quien ha negado las acusaciones en su contra, había presentado un escrito al acudir a la citación judicial para prestar declaración indagatoria en esta causa el pasado 3 de noviembre.
Juntos por el Cambio, el mayor frente de oposición política de Argentina y del que es miembro el conservador Mauricio Macri, repudió "enérgicamente" en un comunicado el procesamiento del expresidente y afirmó que el juez Bava "es manifiestamente incompetente" en el caso y que su accionar "representa una vergüenza para todos los argentinos".
"Confiamos en que el procesamiento del expresidente se resolverá de manera imparcial e independiente en las instancias superiores judiciales en las que continuará la causa y que se le pondrá un freno al amedrentamiento que impulsa el juez Bava utilizando la tragedia del Ara San Juan como herramienta de persecución política", añade el comunicado.
En igual línea, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los dirigentes de Propuesta Republicana (Pro, el partido de Macri), asevero que el exmandatario " no espió ni mandó a espiar a nadie" y sostuvo que "claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política".
