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lunes | 27 enero | 2025
Pasear por el barrio de A Magdalena hoy en día supone encontrarse con mucho andamiaje salpicado por la cuadrícula, síntoma de las rehabilitaciones de edificios que verán la luz próximamente, de un modo especial en la renovada calle de la Iglesia. Sin embargo, no siempre ha sido así y hubo que esperar mucho para contar con un Plan Especial de Protección y Rehabilitación Interior (PEPRI) en la zona que empezó a gestarse hace 25 años.
En abril de 1999 se reunía la mesa de contratación para adjudicar la redacción del documento, que finalmente se le concedería a la firma coruñesa Oficina de Planteamiento SA en el pleno del 27 de mayo, una actuación presupuestada en 42,9 millones de pesetas que se articulaban en tres anualidades y financiada entre el Concello y la Consellería de Política Territorial, que aportó 32 millones.
Valoraba en este momento el edil de Urbanismo, el popular Román Cenalmor, que se trataba de un marco legal “muy necesario para que no haya interpretaciones ambiguas” a la hora de realizar intervenciones y que la gestión urbanística pudiera ser llevaba por el Concello.
Ya en el mes de julio, con el BNG en el Consistorio y Xosé Lastra al frente del área de Urbanismo, se anunció que el primer paso para la redacción del Plan era catalogar todos los edificios del barrio, una ardua tarea en la que tendrían que visitarlos uno por uno para hacer inventario de los elementos más reseñables y las condiciones de cada edificación.
Así, Diario de Ferrol abría su portada del 23 de noviembre de 1999 anunciando que “la catalogación de A Magdalena quedará lista en cinco semanas”, explicando que “un equipo de siete técnicos recorre desde ayer el casco histórico para recabar datos de cara a la elaboración del Plan Especial”. Apuntaban que se trata del “primer eslabón” y que se calculaba que “unas 4.000 viviendas conforman este conjunto histórico y deberán recorrerlas una por una”. Previamente, el Concello había reunido a los vecinos en el Ateneo para dar explicaciones y pedirles su colaboración.
El inventario tenía que incluir la relación de los materiales de construcción, las necesidades para su conservación y la actividad comercial y económica que se realizaba en cada edificio. “Que este proceso no es un camino rápido, sino lento y largo, es uno de los aspectos que los profesionales quieren dejar claro”, destacaba la noticia, añadiendo que Santiago, que ya había pasado por el procedimiento, serviría de modelo para Ferrol.
Los técnicos tuvieron que realizar unas 1.100 fichas en total, especificando de cada construcción su descripción arquitectónica, su planta, el estado de conservación, datación, fachada y regímenes de habitabilidad y propiedad, entre otros aspectos. En aquel momento, hace un cuarto de siglo, el debate político se centraba en un punto fundamental: la posibilidad de unir las parcelas. Sus defensores creían que haría más atractivo el barrio y sus detractores que sería carne de especuladores y se perdería el legado patrimonial.
Con todo, todavía habría que esperar algo menos de ocho años para que el pleno del 27 de septiembre de 2007 —ya con el socialista Vicente Irisarri como alcalde y Ángel Mato en Urbanismo— aprobase el Plan Especial, un documento que finalmente no autorizó unir solares salvo en un 10% de casos “excepcionales”.
