El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, registró en el Congreso una iniciativa en la que exige al Ejecutivo central unas “condiciones justas de alquiler” por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para que 15 familias del barrio naronés de Piñeiros puedan continuar residiendo en sus viviendas.
 

Los nacionalistas recuerdan que dichos pisos fueron construidos en la plaza del Asilo por la empresa Narón 2002. Al no ser  vendidos, la propia firma constructora los puso en alquiler. Según el BNG, la empresa cedió la gestión de esos contratos a otras inmobiliarias, “que seguiron firmando e renovando os contratos cos inquilinos con aparente normalidade”. No obstante, la Sareb se hizo con la propiedad de los pisos en 2018, una situación que los inquilinos desconocían hasta 2021. “Comezaron a recibir notificacións do Xulgado de Primeira Instancia de Ferrol mediante as que se lles comunicaba a obrigación de desaloxar as vivendas antes do 2 de decembro, día en que se fixaba o lanzamento, e advertíndolles que todos os bens que se atoparan nos inmóbeis serían considerados bens abandonados”, indica por su parte la portavoz municipal de la formación en Narón, Olaia Ledo.
 

El BNG sostiene que, aunque el cambio de titularidad del propietario no debería afectar a dichos contratos, el juzgado determinó  la nulidad de los mismos por “non realizarse coa entidade titular”. “De esta forma, las personas inquilinas, que realmente fueron engañadas durante estos años pero que cumplieron con sus obligaciones puntualmente, se ven ahora abocadas al desahucio” denuncia Rego, a la par que censura el “ultimátum” que la Sareb, a través de la empresa Hipoges Iberia S.L. –encargada de gestionar los alquileres de la sociedad–, les da a estas 15 familias de Piñeiros.
 

El nacionalista califica de “aldraxe” la actitud de la entidad, al existir, insiste, un acuerdo para mantener el alquiler de estas viviendas “a prezo de mercado”. “Esta táctica é máis propia dun fondo voitre que dun ente público. O prezo que viñan pagando os inquilinos estaba ao redor dos 350 euros e en todo o Concello é raro atopar prezos por riba dos 400, por iso non pode entenderse que exixan o pagamento de 520 euros. Só pode deducirse que o que pretenden é o contrario, lograr que as familias marchen dos seus fogares”, afirma Rego.
 

En su comunicación, la Sareb da a los afectados un plazo de cinco días naturales para remitir la documentación necesaria en caso de aceptar dicha subida y de otros cinco más para el desalojo de la propiedad, si no están de acuerdo.

Parlamento

Los nacionalistas también se han dirigido al Parlamento gallego, a través de una pregunta presentada por registro, para saber si la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está al tanto de la “situación crítica” que atraviesan estas familias.
 

El diputado comarcal Mon Fernández, junto a su compañera Alexandra Fernández, solicitan asimismo en su escrito información acerca de los procesos de mediación del Instituto Galego da Vivenda e do Solo en el asunto, así como de las acciones previstas para resolver el problema.