La problemática de los vecinos de Narón, Ares y Burela residentes en viviendas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que se enfrentan a un inminente desahucio pese a haber pagado sus respectivos alquileres, volvió ayer al Parlamento de Galicia por medio de una pregunta del BNG en la Comisión Segunda. La diputada nacionalista Alexandra Fernández, cuestionó al director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, si era conocedor de la situación de estas familias –la pregunta se centraba en las 15 unidades familiares de Narón, pero se amplió también a las de Ares y Burela– y las potenciales acciones que podría tomar la Xunta para evitar sus desahucios.

Así, García aseveró que el Estado era el propietario del 45% de la Sareb y que, por ello, debía ser considerado “o arrendatario fronte os actuais inquilinos”; afirmando, además, que el gobierno gallego “carece de capacidade para intervir” en esta clase de conflictos. El director del IGVS aseguró, no obstante, que desde el organismo que regenta se había solicitado a la sociedad pública “información” para “coñecer a situación das familias afectadas”, mostrándose favorable a buscar “solucións” para los afectados “sobretodo naqueles casos nos que unha familia poda atoparse en situación de vulnerabilidade”.

En este sentido, desde el BNG se instó al IGVS a que prestase asistencia jurídica a los afectados “ao igual que habilitan asesoramento nos casos de ocupación”; reclamando, además, que el organismo abriese una línea de diálogo con la Sareb para “solicitar a subrogación dos contratos” y que, en caso de negarse, la “cesión dos inmobles” al IGVS para así poder mantener la vigencia de los contratos antes de su incorporación al parque público de viviendas de Galicia.

García, no obstante, volvió a señalar a la administración central como responsable de esta situación, recordando que el Plan Estatal de la Vivienda 2022-2025 contemplaba “un programa de posta á disposición de viviendas da Sareb para o alugueiro social, con axudas ás comunidades”, pero que de momento no se encuentra aprobado y que, desde su remisión a la Xunta “non se recibiron máis noticias”.

Por último, Fernández recordó que, al tratarse de un ente público, el problema no era de “voluntarismo”, sino que la administración gallega era quien debía solicitar la cesión de las viviendas.