El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha avanzado que la adenda al plan de recuperación se presentará en el segundo semestre del año y que su importe se destinará a financiar los once Pertes ya aprobados por el Gobierno y a reforzar la autonomía energética del país.

 

El importe de esta segunda parte del plan de recuperación incluirá los 7.700 millones de euros adicionales que recibirá España tras el recálculo de Bruselas de las transferencias no reembolsables y los más de 70.000 millones que el mecanismo prevé en préstamos para España, ha explicado García Andrés en una entrevista para el programa "Plan Europa", que desarrolla EFE con la consultora KPMG.

 

A ello hay que sumar un volumen adicional de transferencias que "todavía no está decidido", correspondiente al plan "REpowerEU", que fue presentado en mayo y con el que la Unión Europea espera poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles rusos.

 

De esta forma, uno de los ejes de la adenda pasará por "reforzar las interconexiones gasistas y eléctricas españolas", mientras que el segundo eje consistirá en reforzar los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Pertes), de los que uno de los "más ambiciosos" es el de los microchips, dotado con más de 12.000 millones.

 

"Su objetivo es convertir a España en un centro de diseño y de producción de semiconductores, cuya escasez hemos sufrido durante el último año y estamos sufriendo todavía en industrias como la automoción y en muchas otras", ha explicado.

 

Sobre el volumen de préstamos, el secretario de Estado ha incidido en que se trata de dinero "que hay que reembolsar", por lo que "los proyectos que se financiarán con estos préstamos serán mayoritariamente de instrumentos financieros para que efectivamente esto no suponga un aumento del gasto público".

 

Respecto a la ejecución del Plan de Recuperación, ha asegurado que ya se ha alcanzado "la velocidad de crucero", con la autorización del 51,5 % de lo presupuestado para 2022, con un crédito comprometido del 32 % y unas obligaciones reconocidas del 17 %, en tanto que todo lo presupuestado en 2021 "ya está en pleno despliegue".

 

Como ejemplo ha puesto los 2.000 millones en el ámbito de la industria y el comercio, los 1.000 millones para desarrollar zonas de bajas emisiones en los municipios o los otros 1.000 millones para reforzar la red de trenes de cercanías.

 

Tanto la inversión desplegada como las reformas estructurales también contempladas en el plan servirán, a su juicio, para impulsar el crecimiento a corto plazo en un entorno en el que "nos vienen vientos de cara".