12º-14º
jueves | 5 diciembre | 2024
Casi década y media después de la denuncia que motivó la investigación sobre los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, la vertiente política de la macrocausa de los ERE está más cerca de cerrar su último 'giro argumental', que ha vuelto a copar titulares y enfrentado de nuevo al PSOE y al PP.
Así se deduce tras la decisión de este martes del pleno del Tribunal Constitucional, que ha estimado parcialmente los recursos de los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán contra sus condenas por prevaricación y malversación, respectivamente, y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla dictar un nuevo fallo "más respetuoso con los derechos fundamentales infringidos".
En su sentencia por el caso ERE, ratificada después por el Tribunal Supremo, la Audiencia de Sevilla condenó a Chaves a la pena de nueve años de inhabilitación especial y a Griñán a seis años y dos días de cárcel y a quince años de inhabilitación, si bien no ha llegado a ingresar en prisión debido al cáncer que padece.
Al revisar sendos recursos, el TC ha considerado vulnerado el derecho a la legalidad penal de Chaves y Griñán, y en el caso de este último, también a la presunción de inocencia, en las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por las que resultaron condenados.
La creación y el mantenimiento durante más de una década (2000-2011) de un sistema presuntamente ilegal para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis centró el denominado 'procedimiento específico', más conocido como pieza política de los ERE, un reparto 'arbitrario' según las acusaciones cifrado en hasta 680 millones de euros.
No obstante, esta cuantía ha sido ampliamente discutida y algunos de los excarcelados y sus defensas la limitan muy a la baja, al recordar que habrá que ir determinando qué ayudas concretas se desviaron, teniendo en cuenta también que la gran mayoría de las concedidas a unas 6.000 personas se siguen cobrando.
Pero antes de que el Tribunal Constitucional haya otorgado mayoritariamente en pleno amparo a algunos procesados por considerar que fue vulnerado su derecho a la legalidad penal, el caso de los ERE ha seguido un larguísimo periplo hasta que la corte de garantías ha 'redefinido' en buena medida la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla que luego confirmó el Supremo.
La investigación de la causa que ha centrado más de diez años buena parte del debate político y judicial en Andalucía tiene su origen en la denuncia que el PP en el Ayuntamiento de Sevilla presentó en 2009 por el supuesto cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de la empresa Mercasevilla.
La jueza Mercedes Alaya pidió dos años después a la Junta las actas de las reuniones de su consejo de Gobierno y, también en 2011, la Cámara de Cuentas emprendió una auditoria sobre los ERE.
El que fuera director general de Trabajo de la Junta (1999-2008) Francisco Javier Guerrero, ya fallecido y que fue clave en la investigación, se convirtió en marzo de 2012 en el primero de los entonces imputados en la causa que ingresó en prisión tras reconocer un sistema de adjudicación millonario, el llamado 'fondo de reptiles' que era conocido -confesó- por sus superiores en la Consejería de Empleo.
La actuación judicial, dividida luego en numerosas piezas todavía pendientes, alcanzó a los que fueran máximos responsables de los gobiernos socialistas en la Junta, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de consejeros, viceconsejeros y otros altos cargos de sus Ejecutivos autonómicos.
Siete largos años después de la instrucción, el juicio por la pieza política comenzó en diciembre de 2017 en la Audiencia de Sevilla, con Chaves y Griñán en un banquillo de los acusados que compartieron con una veintena de miembros de sus gobiernos en la Junta.
El juicio, que supuso más de 680 horas de grabación, quedó visto para sentencia un año después tras 152 sesiones en las que el tribunal sevillano oyó a más de 120 testigos y nueve peritos, además de a los acusados.
En noviembre de 2019, después de casi otro año, la Audiencia hizo pública la sentencia que condenaba a Griñán a seis años de prisión por malversación y prevaricación, y a Chaves a nueve de inhabilitación especial solo por ese último delito.
También castigó con prisión a otros nueve ex altos cargos -exconsejeros, exviceconsejeros y ex directores generales de Trabajo y de la agencia IDEA-, mientras que el resto de las condenas fueron de inhabilitación, entre ellas entre ellas la de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez.
El Supremo terminaría por avalar el criterio de la Audiencia de Sevilla respecto a Griñán y Chaves y otros destacados exdirigentes como Álvarez, pero absolvió a tres ex altos cargos de Empleo que ocuparon la Secretaría General Técnica.
Al que fuera director general de Trabajo entre 2009 y 2010 Juan Márquez, que sucedió a Francisco Javier Guerrero, le rebajó la condena por la atenuante de reparación del daño.
A partir de ahí, se iniciaba la cuenta atrás para que los condenados a penas de prisión tuvieran que ingresar en la cárcel, lo que sucedió en su gran mayoría en enero de 2023.
De todos los condenados a cárcel por la pieza política, Griñán, con la condena suspendida debido al cáncer que padece, ha sido el único que no ha llegado a entrar en prisión.
Además, el expresidente andaluz se ha mantenido a la espera de que se resolviera el indulto que solicitó al Gobierno junto a otros siete ex altos cargos socialistas.
El indulto lo solicitaron, junto a Griñán, los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, además de los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, y el exdirector de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano.
En lo que algunos abogados defensores han considerado una 'redefinición total' del derecho aplicable a esta causa, el Constitucional está escribiendo en las últimas semanas un nuevo giro argumental que, según esos mismos letrados, tendrá también repercusión en el centenar de piezas separadas de los ERE pendientes.
En la mayoría de los casos este tribunal ha otorgado amparo a los recurrentes, ha anulado las sentencias condenatorias o ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva con los hechos que apunta la corte de garantías respecto de partidas concretas 'delictivas'.
El TC considera, en síntesis, que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituyó prevaricación y que, a partir de 2002, se actuó conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz.
El tribunal, cuya postura se ha traducido en la salida mayoritaria a la calle de quienes todavía cumplían penas privativas de libertad, sostiene que no es lo mismo gestionar las ayudas en la Consejería de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias. Un giro que ha acabado por 'desinflar' la pieza política de los ERE.
