La denuncia presentada ante la Fiscalía por un grupo de familiares de usuarios del Centro de Atención a Personas Discapacitadas (CAD) Souto de Leixa por la situación de las instalaciones y lo que allí acontece fue llevada ayer por el BNG al Parlamento de Galicia. De la mano del diputado Ramón “Mon” Fernández, la formación nacionalista cuestionó a la conselleira de Política Social, Fabiola García, sobre la tesitura que se está viviendo en el centro y que han puesto en conocimiento de la Justicia los afectados.

Así, Fernández aseguró que multitud de familiares de usuarios habían calificado las condiciones del Souto de Leixa de “infrahumanas”, señalando que en la denuncia se especifica que algunos de los residentes tienen que dormir vestidos en ropa de calle a causa del frío, o que llegan a casa con hambre. Este último punto, como señaló el diputado y especifica el escrito a la Fiscalía, deriva, entre otros puntos, por la inseguridad en el centro, dado que “son habituais as agresións e as situacións de perigo (...) en ocasións moi graves, e non hai persoal abondo para atallalas debidamente” –a este respecto, el escrito recoge que un residente le roba la comida a sus compañeros sin que haya respuesta por parte de la gerencia–.

Estado de las instalaciones

Respecto a la situación de abandono de las instalaciones, la conselleira de Política Social, Fabiola García, aseguró que las obras para la reforma integral del centro, para las que se ha destinado una dotación de 1,2 millones de euros, ya se encuentran licitadas. Entre otras intervenciones, aseveró la responsable de la Xunta, se contemplan mejoras de funcionalidad, eficiencia energética y “confort dos usuarios”; así como “axudas técnicas e novas tecnoloxías que facilitarán o traballo dos profesionais”.

Del mismo modo, García defendió que la administración autonómica “mantén un diálogo permanente coas familias para tomar nota das súas inquedanzas” y que “todas as queixas que poidan aparecer neste ou noutros centros son analizadas minuciosamente polos servizos de inspección”.

Fernández Alfonzo, por su parte, señaló a este respecto que, a día de hoy, se está generando “un ambiente laboral tóxico”, entre otros motivos “porque non se cumplen os rateos de personal”, lo que deriva en los mencionados “episodios violentos”. Uno de los aspectos más alarmantes de la denuncia, subrayó el diputado nacionalista, es que desde la concesionaria del servicio, la empresa Clece, se estaría presionando al personal “para que non deixe constancia no libro de incidencias de todo o que alí pasa”, criticando que, al contrario que otras instalaciones similares de Galicia, en el Souto de Leixa no se emplea el programa Cenpos para esto, “senon que se usa o sistema vello en papel”.