Mañana martes se cumplirán tres meses del inicio de la huelga en Maitours, la empresa que presta el servicio de transporte urbano en los concellos de Ferrol, Narón y Neda, sin que se atisbe una solución, al menos en el muy corto plazo. 

Hay, según explicaba ayer el responsable de Transporte de la Federación Galega de Alimentación, Mar, Transporte, Téxtil e Telecomunicación –FGAMT– de la CIG, Xesús Pastoriza, “catro frontes abertas”. La más reciente es el compromiso adquirido el pasado viernes por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, de convocar unha reunión a tres bandas entre la Xunta –la propietaria de la concesión–, la empresa –filial del grupo Alsa– y el comité de huelga para intentar avanzar en la resolución de un conflicto que, señala Pastoriza, “ten unhas características e un desenvolvemento moi diferente á maioría dos que teño estado presente na miña vida sindical”. 

Primero, explica, por la duración. Hay algún precedente en el que el paro se prolongó durante más tiempo –recuerda Pastoriza a comienzos de los 2000 en La Unión, con más de cinco meses de huelga–, pero hay algo que hace único el de Maitours: “Desde logo é a primeira vez desde que estou presente neste tipo de conflitos en que non hai unha mesa de negociación aberta na que se poidan ir limando diferenzas... Nunca pasara isto”, reconoce Pastoriza. 

Los otros tres frentes son la disposición de la CIG para intentar “recuperar a mediación” en el Consello Galego de Relacións Laborais, una vía que ya se exploró en otros momentos del paro pero que apenas dio frutos. Nunca, recuerda un miembro del comité de huelga, duraron más de media hora.

Convenio

Además, se está a la espera de que Inspección de Trabajo entregue el informe sobre la aplicación de la reforma laboral en los convenios y que la Dirección Xeral de Mobilidade “recoñeza”, dice Pastoriza, “o que xa figura nos pregos da concesión, que é que como mínimo a empresa adxudicataria aplicará as condicións do convenio provincial”. 

Es precisamente aquí, en la interpretación de una norma que tiene el rango de ley, donde está la gran divergencia. A los trabajadores de Maitours, que en su mayoría fueron subrogados de Tranvías del Ferrol, se les aplica el convenio de empresa de esta última, una firma que, por cierto, ya no existe. Sin embargo, sus compañeros de UTE, Intercar –subrogados de Monbús– se rige, como establece la legislación laboral, por el convenio provincial, que es lo que demandan los empleados de Maitours. 

Este agravio comparativo ya llegó en su momento a los tribunales y se resolvió, aunque parcialmente, en noviembre de 2021, cuando un juzgado de Ferrol reconocía el derecho de los trabajadores de esta última concesionaria a entrar en el provincial, aunque incluía una cláusula: cuando se publicase el nuevo convenio que ya entonces se estaba negociando. Hasta hoy. 

La CIG y los empleados en huelga de la empresa Maitours aseguran que “a patronal leva meses bloqueando a publicación definitiva”, pero aun así, consideran que el convenio ya se debería estar aplicando  porque “as táboas salariais, que é o fundamental dun convenio, están publicadas no BOP”. 

El informe de Trabajo debería ser, dicen, concluyente y esperan que no se demore mucho más tiempo del que está tardando en elaborarse.

Pendientes de la cautelar por los servicios mínimos

Uno de los aspectos que más se criticó por parte del comité de huelga y del sindicato es el volumen de servicios mínimos que se decretaron en septiembre, un mes y medio después del inicio del paro, con el argumento del comienzo del curso escolar. 

Los afectados, sin embargo, los impugnaron y pidieron medidas cautelarísimas –que podrían suponer, de aprobarse, la suspensión de los servicios mínimos establecidos–, pero se rechazaron. No obstante, se abrió un proceso de medidas cautelares para escuchar a las partes. Los trabajadores critican que los servicios mínimos lleguen al 90% para “cubrir o inicio do curso cando este non é un servizo de transporte escolar”.

“Estamos a cobrar 330 euros, pero se chegamos ata aquí seguiremos ata o final”

Tres meses en huelga, aunque sea con unos servicios mínimos aprobados en septiembre que, explican desde el sindicato CIG, triplican los que se establecieron en julio, es mucho tiempo difícil de soportar por parte de los trabajadores y sus familiar. “Eu en setembro cobrei 330 euros; outros catrocentos e pico...”, dice uno de los miembros del comité de huelga, “así que imaxina o que pode supoñer todo isto. Uns temos os fillos criados, pero outros teñen cativos pequenos e non todo o mundo ten alguén que lle poida botar unha man. É a realidade”.

Los veintiséis trabajadores que están en esta situación tienen la ayuda, como suele suceder en conflictos que se alargan de esta manera, de la caja de resistencia del sindicato.

¿Cuánto tiempo más están dispuestos a aguantar en esta situación? “Pois o que faga falta”, explica este trabajador. “Chegamos ata aquí e imos seguir ata o final porque sabemos que se paramos todo isto non vai servir de nada”, comenta antes de dejar claro que “estamos convencidos de que temos a razón. Temos os nosos dereitos, temos que cobrar polo convenio provincial. Non hai outra”, dice.