Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña, Francisco Javier Balado pone el foco en el exceso de burocracia y en el control exagerado al que se enfrentan los profesionales.

¿Cuáles son los motivos que les han llevado a secundar esta protesta?
La situación legal que se nos plantea desde el Ministerio de Agricultura limita la utilización, principalmente, de antibióticos según nuestro criterio clínico. Lo que sentimos es que nos coartan la libertad de prescripción. Lo que estamos reclamando, principalmente, es que se modifique esa situación para que prevalezca nuestro criterio clínico sobre una norma establecida, es decir, que no se limite nuestra libertad de prescripción.

¿Cómo afecta esta situación a la manera de trabajar de los profesionales? La aplicación ya estaba activa para otros sectores como los del campo...
Sí. Las limitaciones en prescripciones de antibióticos ya vienen funcionando desde hace dos años en animales de producción, es decir, todo lo que esté relacionado con la ganadería como por ejemplo vacas, cerdos, ovejas, cabras... La aplicación está más pensada para ese tipo de casos. El problema es que ese diseño, trasladado a las pequeñas mascotas, es completamente absurdo. Porque si una de las cosas que piden es el porcentaje de envase utilizado, si a un animal, a un gatillo o a un perro, se le dan tres gotas de un frasco de diez mililitros... ¿cómo se calcula eso? A parte, consideramos excesivo el tener que estar comunicando cada 15 días esas prescripciones. Es un exceso de burocracia y de control exagerado.

Desde las clínicas se remarca la intromisión en el criterio clínico de los profesionales, algo que afectará a la curación de los animales.
La norma establece un antibiótico de primera opción,  que en muchos casos sabemos por la experiencia clínica y de la vida real, digamos, que su uso cotidiano en estos animales que funciona peor que otros fármacos. Digamos, entonces, que estamos obligados a usar uno que sabemos que no funciona al 100%, lo cual compromete la curación del animal y la retrasa.

¿Cómo son las sanciones por el incumplimiento?
Pueden llegar hasta un 1.200.000 euros. Esa cifra también está demasiado fuera de lugar.

¿Sabe cuántas clínicas de la provincia de A Coruña han secundado este paro simbólico?
No tenemos todavía [por ayer a primera hora de la mañana] la cifra exacta. Habrá que ver la respuesta, pero calculamos que en torno al 80% realizarán un cierre.