La ciudad naval lideró ayer la jornada de protestas convocada por la CIG en rechazo de la reforma de las pensiones planeada por el Ejecutivo central. En total, como adelantó la central nacionalista días atrás, se celebraron en toda Galicia diez asambleas de delegados, a las que siguieron sus correspondientes movilizaciones, en otras tantas urbes de la comunidad.

Así, en el caso de Ferrol se contó con la presencia del secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que participó tanto en el encuentro con representantes sindicales de empresas clave de la comarca, como en la posterior protesta, celebrada poco después de las 11.30 horas frente a las instalaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la Plaza de España. El acto reivindicativo, que comenzó con algo de retraso debido a la reunión previa, fue muy concurrido, participando más de medio centenar de personas, entre representantes, simpatizantes y vecinos de la zona.

De este modo, Carril denunció, durante su intervención ante los medios, “a ameaza que existe de que se pretenda facer unha reforma das pensións que leve a unha ampliación do período de cálculo a trinta anos”, aseverando que, en la práctica, esto significaría una nueva devaluación de las mismas –según sus estimaciones, la caída, tras la normativa de 2011, fue del 25% y, con esta nueva modificación, se incrementaría un 6 u 8% más–. En este sentido, el secretario xeral criticó duramente que dicha reforma se vaya a llevar a cabo, además, “nun momento de carestía da vida e de caída dos salarios enorme”.

Asimismo, Paulo Carril censuró que los diferentes Ejecutivos centrales estaban convirtiendo el sistema de pensiones en uno de “beneficencia”, adelantando que esta jornada de protestas era la primera de un nuevo calendario reivindicativo. De esta forma, el dirigente de la CIG aseveró que, por parte del Gobierno todavía no hay un cronograma firme para la mencionada reforma, pero que todo intento de llevarla a cabo traerá consigo una respuesta.

Por último, el secretario xeral denunció el intento de usar una “política alarmista” para justificar una nueva modificación del sistema de pensiones.