Ferrol renueva tras más de una década su ordenanza municipal de ruidos

El gobierno presentó esta mañana a los grupos el borrador de esta normativa, que se negociará con entidades locales
Ferrol renueva tras más de una década su ordenanza municipal de ruidos
La normativa afecta a todas las actividades y labores en el ámbito público y privado | D.A.

El 31 de julio de 2012, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogía la derogación de la Ordenanza municipal de protección frente a la contaminación atmosférica por formas de energía (ruidos y vibraciones) y formas de la materia de Ferrol. La decisión, alcanzada en la comisión de Urbanismo, estaba motivada por las “contradicciones” de la norma frente a la estatal y la autonómica, ambas más restrictivas, adoptándose en su lugar la primera.


Más de una década después, la necesidad de contar de nuevo con un reglamento propio es uno de los puntos que comparten todos los grupos municipales, siendo una demanda recurrente en los plenos de la corporación. Así, tras la adjudicación en agosto de 2024 de la redacción de este documento a Sonen por 17.024 euros, el gobierno local presentó este miércoles al resto de formaciones el borrador del mismo.

 


Así, el concejal responsable del área de Obras e Servizos, José Tomé, detalló que el pasado martes se abordó en comisión la nueva ordenanza para que los grupos puedan hacer las aportaciones que consideren pertinentes. “También nos pusimos en contacto con diversas asociaciones que están implicadas, como hostelería, vecinos, el comercio...”, detalló, apuntando que el objetivo del gobierno era “regular esta situación” y que esto implicará “que muchas actuaciones no se podrán hacer en el centro de Ferrol, porque ha habido quejas de residentes”.


En este sentido, el edil transmitió a los ferrolanos afectados “que pueden estar tranquilos, porque esta ordenanza se va a cumplir”, en referencia a las protestas vecinales registradas en los últimos años respecto, por ejemplo, a los conciertos en la calle y por las cuales se suspendieron las actuaciones programadas por los hosteleros de A Magdalena los pasados carnavales.

 

Ámbito de aplicación

El documento, que ya puede consultarse en la sede electrónica del Concello, se aplicará con carácter general “a todas as actividades, comportamentos, infraestruturas locais, instalacións, elementos construtivos, medios de transporte, máquinas, aparellos, obras, vehículos e, en xeral, todos os emisores acústicos, públicos ou privados, individuais ou colectivos, que no seu funcionamento, uso ou exercicio, xeren ruido ou vibracións susceptibles de causar molestias ás persoas, danos aos bens, serar riscos para a saúde ou o benestar, ou deteriorar a calidade do ambiente”.

 

 

De este modo, se incluyen dentro de la norma todas las actividades domésticas, el comportamiento por la calle, las labores de carga y descarga de mercancías, la circulación de vehículos o las obras, además de todo espectáculo y propuestas de ocio. Uno de los puntos que se destacó durante el anuncio de la licitación de la redacción y que ya se incorpora, es la delimitación de áreas acústicas, pudiendo el gobierno local delimitar zonas tranquilas, de protección y de situación especial.


Respecto a estas últimas, denominadas ZPAE, el Concello, si detecta que no se cumplen los “obxectivos de calidade acústica”, podrá establecer un plan específico para la misma que incluya medidas.

 

Sanciones

En lo referente a las sanciones, la nueva ordenanza contempla infracciones leves, graves y muy graves. A modo de ejemplo, señala que entre las primeras se encontraría superar hasta en tres decibelios (dB) los límites máximos por área en horario nocturno y en seis el diurno. En este grado, las multas oscilarán entre los 60 y los 600 euros.


En las segundas, entre otros artículos, se correspondería cuando se supera el tope entre tres y seis dB durante la noche y de cinco a diez de día; mientras que las terceras serían a partir de seis y diez, respectivamente. Las multas para infracciones graves se situarían entre los 601 y los 12.000 euros y de 12.001 a 300.000 para las muy graves. Dependiendo del grado de incumplimiento de la normativa, se establecen otras sanciones a mayores, como la suspensión de licencias o clausuras parciales o totales de instalaciones. 

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