El pasado 19 de octubre se aprobaba la ley 21/2022 para la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto que gestionará el Instituto Nacional de la Seguridad Social y estará adscrito a la Administración General del Estado.

En el preámbulo de la ley, que entró en vigor el pasado día 8 y se encuentra ahora en fase de desarrollo, se hace referencia a cuestiones como que durante el siglo XX se importaron en España unas 2.600.000 toneladas de amianto, con un pico máximo de consumo entre 1970 y 1980. Tres cuartas partes de este fibrocemento se empleó en la construcción. Se calcula además que 2.300.000 toneladas se consumieron entre 1960 y 1995, lo que supone un 30% de lo que empleó un país como Francia, con mayores estudios sobre la incidencia de este mineral en la salud. Este hecho permite discernir que si en el país galo se diagnostican unos 1.000 mesoteliomas –tipo de cáncer que afecta a las distintas pleuras del organismo, ya sea en el pulmón, la glándula mamaria o la cavidad abdominal y que puede generar metástasis al resto del cuerpo– de promedio al año, en España la cifra rondaría los 700. Si se hace una estimación anual de casos de patologías por amianto o asbestos, “entre 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades”, como se detalla en el referido preámbulo. Asimismo, en el texto se indica también que hasta 2023 “seguiremos con un número ascendente de casos”, y parece que a partir de esta anualidad empezará a decaer y se estabilizarán las cifras de diagnosticados. Estos datos permiten hacerse una idea de la importancia de poder disponer de este fondo de compensación como también existe en otras capitales europeas.

Se sabe además que los daños por amianto aparecen años después de la exposición al mismo, varias décadas más tarde, entre veinte y cincuenta años, lo que dificulta las demandas ante empresas, en muchos casos ya desaparecidas.

El caso ferrolano

Según datos de Agavida, la asociación ferrolana para afectados del amianto, la urbe naval es la ciudad europea con más números de casos por cada 1.000 habitantes. Hasta 2018 casi 7.000 trabajadores habían sido atendidos de alguna patología pulmonar como la asbestosis, unas cifras que a buen seguro han seguido creciendo los últimos meses y años. De hecho, la propia Navantia se preparó ya para hacer frente a las demandas crecientes contra la compañía por daños y perjuicios. Así, sus provisiones para litigios por amianto se elevaron a los 60 millones en el año 2020. Cabe precisar que desde el año 2000, cuando se produjo el primer pleito, se han dado indemnizaciones que llegaron a los 400.000 euros. Asimismo, tras el parón por covid, los litigios han vuelto a incrementarse de forma importante. La compañía llegó a decir meses atrás que las demandas y pleitos laborales varios junto con los litigios por el amianto podrían llegar a comprometer compromisos contractuales y cientos de empleos. Además, la compañía pública también cerró la adjudicación de un contrato por 1,9 millones para blindar la defensa de los intereses de la empresa frente a todos estos litigios, delegando su representación en dos despachos de abogados de Madrid y el País Vasco. Cabe precisar, que el 70% de ese montante se destinará a la zona de Ferrol, en la que más demandas por este hecho se están produciendo.

Aunque muchos de estos juicios se ganan, son fundamentales los peritajes y cuadros médicos para lograr una sentencia favorable, y también hay otras que no se ganan.

Agavida

Ferrol cuenta desde el año 2004 con la sede de la Asociación Galega de Vítimas do Amianto (Agavida), entidad que preside Xoán Xosé Pita, quien fuera portavoz del BNG en el Concello ferrolano. Pita cree que el Fondo de Compensación es un logro importante para los afectados por el amianto, aunque lamenta que finalmente el gobierno de Sánchez, no equipare estas víctimas a otras como las de VIH o el terrorismo, y que las indemnizaciones que correspondan a los afectados no estén exentas de tributación como sí lo están las anteriormente citadas.

En cifras, a día de hoy, Agavida cuenta con 635 asociados, de los cuales 605 han demandado a la empresa Izar-Navantia por daños y perjuicios derivados de su actividad profesional y la correspondiente afectación por exposición al amianto. De todos estos, 74 han llegado a acuerdos con la demandada.

Pita sostiene también que las enfermedades asociadas al amianto irán en aumento conforme pasen los años.