Una de las tareas pendientes de los últimos mandatos en la licitación de un nuevo contrato para la prestación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, una concesión conjunta que lleva prorrogada desde hace casi diez años, en concreto, desde el 1 de enero de 2015. 

El partido que sustenta el ejecutivo municipal actual es el mismo que gobernaba en aquel momento y que llegó a dar los primeros pasos para una nueva licitación, aunque finalmente se quedó en nada. Unos meses después, en mayo, José Manuel Rey Varela, perdía la alcaldía en favor de Jorge Suárez (Ferrol en Común).

En estos momentos, el ejecutivo está trabajando en la revisión y actualización de los pliegos actuales. Han pasado muchos años desde que se redactaron las condiciones vigentes y es imprescindible ponerlas al día por diferentes motivos, tal como se ha hecho en otras ciudades e incluso en localidades cercanas, como es el caso de Narón, que lo sacó a concurso en el mandato anterior. 

Este nuevo escenario derivado del paso del tiempo demanda la inclusión en los nuevos pliegos de un incremento de los medios humanos y técnicos, el cambio de los contenedores o la introducción del llamado recipiente marrón para restos orgánicos, por ejemplo.

La hoja de ruta del ejecutivo local pasa por que el proceso de revisión y actualización de los pliegos esté concluido antes de que acabe el presente año para, una vez se entreguen, poder aprobarlos y licitarlos, explica, “inmediatamente”. 

130 trabajadores 

Actualmente, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria lo prestan alrededor de 130 trabajadores de la empresa Urbaser. Se trata, además, del servicio más cuantioso de cuantos presta la administración local. De hecho, en los últimos presupuestos se reserva una cantidad de 2,8 millones para la recogida y 2,4 para la limpieza viaria. 

En total, 5,2 millones que se vienen pagando con los reparos por parte de la Intervención, una figura que se aplica a todos los pagos recurrentes de un servicio que se presta sin el preceptivo contrato, lo que obliga a realizar un reconocimiento extrajudicial de crédito por parte del pleno a propuesta del ejecutivo.