La Xunta ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la fábrica de fibras textiles que la multinacional lusa Altri prevé en Palas de Rei (Lugo), aunque en el Gobierno gallego consideran que ahora el proyecto “depende absolutamente del Ministerio de Transición Ecológica”, que debe autorizar la conexión eléctrica.

Así lo han explicado este viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y la titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que han señalado que el Ejecutivo gallego, con la tramitación de la DIA, ya ha hecho el principal trámite que dependía de esta Administración.

Con todo, por parte del Gobierno gallego, según ha detallado Lorenzana, todavía falta por dar luz verde a la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un informe de la junta consultiva y, posteriormente, se le requeriría al promotor el proyecto de ejecución.

Este proyecto será remitido al Consello de la Xunta, que decidirá “si procede o no” dotar a esta iniciativa de su condición de proyecto estratégico.

En caso favorable, la empresa podría iniciar las obras, aunque en este momento la decisión corresponde al Gobierno central porque es imprescindible que el Ministerio autorice la infraestructura de transporte eléctrico para la planta de biofibras.

Por tanto, la decisión de la Xunta siempre estará condicionada a la autorización de la subestación eléctrica en tanto que “una fábrica si no se puede enchufar, no puede funcionar”, ha resumido Lorenzana.

En todo caso, la responsable de Economía cree que el Gobierno puede ya autorizar la conexión eléctrica para la fábrica puesto que “la cuestión que planteaba el Estado para trabajar sobre este expediente” era la afectación sobre el medio ambiente y este es un punto que queda despejado con la declaración de impacto favorable.

Asimismo, Lorenzana ha recordado que la empresa también deberá abordar cuestiones relativas a financiación, aunque Greenfiber, sociedad participada mayoritariamente por la portuguesa Altri y minoritariamente por la española Smarttia, ya inició los trámites con el Ministerio de Industria para obtener una ayuda directa de 250 millones de euros para este fin.

En la comparecencia conjunta en Compostela, la responsable de Medio Ambiente ha explicado que la Declaración de Impacto Ambiental está “condicionada” a una serie de exigencias que ahora la empresa debe aceptar “o desistir” del proyecto.

Vázquez ha explicado que Altri deberá analizar los condicionantes impuestos por el Gobierno gallego y “valorar” si le compensa avanzar en el proyecto aun con estas exigencias que supondrán incrementar el coste para la empresa.

Los requisitos que fija la declaración ambiental se han marcado tras las alegaciones, que ascendieron aproximadamente a 27.100, y que se realizaron por parte de particulares, asociaciones y otras entidades.

Para la emisión de la DIA, se solicitaron informes relativos a 30 centros directivos de administraciones públicas, de los que 22 eran de la Xunta de Galicia y otro del Ministerio de Transportes; a los ayuntamientos de Palas de Rei (Lugo), Santiso (A Coruña) y Agolada (Pontevedra) y a las tres diputaciones provinciales afectadas.

En total, se emitieron 36 informes que son los que marcan las exigencias para la empresa en diferentes ámbitos como emisiones a la atmósfera, calidad del aire, olores, ruido, producción de residuos, vertidos o respeto al patrimonio.

De hecho, el permiso se ha otorgado bajo una serie de condicionantes que obligan a la instalación a emplear tecnologías avanzadas para la gestión del agua, con un sistema de captación que garantiza un caudal máximo de 46.000 m³ diarios extraídos del embalse de Portodemouros, entre otras cuestiones, ha indicado el Gobierno gallego.

El periodo de vigencia de la declaración ambiental es de seis años, por lo que el permiso caducaría y las solicitudes deberían realizarse de nuevo ya que en ese periodo “las cosas pueden cambiar mucho”.

La responsable de Medio Ambiente ha defendido que los criterios para dar luz verde a la declaración ambiental son “objetivos” e igual de “transparentes” que los seguidos con cualquier otro proyecto que busque instalarse en la Comunidad.

Además, cuestionada por la afectación que podría tener en esta declaración la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula parte de un decreto de la Xunta por "privatizar" de forma parcial procedimientos de evaluación ambiental, la conselleira ha insistido en que este fallo “no afecta” a este trámite que fue realizado en exclusiva por trabajadores públicos.

“No hubo ninguna colaboradora” y los informes que acompañan la declaración están firmados por 42 técnicos, “que son todos funcionarios de la Xunta y directores generales”, ha zanjado.