El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy se caracterizó durante su gobierno por acuñar expresiones, digamos, “curiosas”. Una de ellas fue su “cuanto peor, mejor” que, además de la mofa que provocó, ha definido, y define, el comportamiento del Partido Popular en las diferentes administraciones, obviamente cuando no gobierna. Y Ferrol no es sitio distinto.

Durante los cuatro años de gobierno socialista, las y los concejales que integrábamos el ejecutivo municipal sufrimos —y subrayo el verbo sufrir— las zancadillas constantes del PP, con un único objetivo: paralizar y evitar la ejecución de proyectos o la contratación de servicios. Bajo excusas de lo más diverso, los “populares”, disfrazando esas maniobras de ese manido “compromiso por Ferrol” con el que tanto se les llena la boca o de sospechas jurídicas, buscaron frenar asuntos de tal relevancia como el convenio con Defensa o el contrato del servicio de ayuda en el hogar. En ambos casos, los intentos de poner palos en las ruedas no fructificaron, aunque sí ralentizaron los dos procedimientos.

El segundo me competía directamente. A la petición de comisiones y comisiones para realizar “achegas” al pliego técnico del SAF (servizo de axuda no fogar), el PP sumó, cuando por fin llegó a la fase de licitación un contrato que estaba ya en prórroga y que tenía un importe de más de cinco millones de euros anuales —sin olvidar que se trata de un servicio esencial dirigido a un colectivo especialmente vulnerable—, un recurso que paró el proceso varios meses porque tuvo que resolver el Tribunal de Contratación de Galicia y, lejos de aceptar la decisión del máximo órgano de contratación a nivel autonómico, en el pleno de la adjudicación del contrato votó en contra.

No contentos con eso, los populares decidieron politizar un asunto interno, como era el del responsable del contrato —es decir, qué persona trabajadora del área se encarga del seguimiento y ejecución de dicho contrato—, modificando una posición histórica en todos los contratos del Concello de Ferrol únicamente para dañar al gobierno —a mí, de forma especial—, echar leña al fuego con las trabajadoras y trabajadores de Benestar Social —la concejala del PP llegó a acusarme en dos plenos de acosadora— e incidir negativamente en ese contrato que de cara a la galería consideraban tan relevante.

A día de hoy, lo que se puede afirmar es que el contrato, con su complejidad, se ha ejecutado; la paz social entre trabajadoras del servicio, empresa y Concello ha sido la tónica en estos algo más de dos años —con sus problemas, derivados en buena medida por la falta de convenio autonómico del sector y la elevada subida del IPC, sobre todo en 2022—; y la parte más dura para mí, la judicial, se ha saldado hasta el momento con dos sentencias en primera instancia favorables para el Concello —o sea, nuestras tesis— y el primer recurso ante el TSXG resuelto hace unas semanas con el mismo resultado.

Eso sí, a los que se les llena la boca hablando de “os nosos maiores” han tirado a la basura un pliego técnico redactado para dar viabilidad al servicio, y en seis meses, salvo anuncios vacíos de contenido, poco o nada se ha avanzado en un servicio que garantiza el cuidado de centenares de dependientes de Ferrol. Ah, y por la puerta de atrás, lo que en oposición calificaban de “tozudez” y grave error, es decir, la propuesta que, por segunda vez, llevó esta que suscribe a un pleno en octubre de 2022 para designar a una trabajadora social como responsable del contrato, es exactamente la misma que han aprobado en gobierno. El legado de Rajoy.