De las cosas que están pasando en España bajo el gobierno de Sánchez y sus “socios”, que son muchas y muy variadas, el episodio del Fiscal General del Estado merece un aparte. Siempre se acusó a la justicia de ser lenta y, por lo tanto, menos justa, pero jamás habíamos vivido la situación actual. Un gobierno de un estado democrático, se supone, se dedica a criticar a los magistrados como si esto fuera normal, agrediendo sin pudor al tercer poder del estado, ninguneándolo hasta el extremo y generando una desconfianza palmaria en la administración de justicia. Colocó al frente del Constitucional a un fiel seguidor de Sánchez, para bloquear todos los recursos de la oposición y, aunque no es un tribunal de justicia, destroza sentencias firmes para liberar a sus compañeros de partido como el caso de los ERES de Andalucía. Nombró a exministros de su gobierno al frente de la fiscalía, aunque finalmente la justicia puso las cosas en su sitio, pretende controlar el órgano de gobierno de los jueces y ahora exige la descomposición de la institución de la fiscalía manteniendo en su presidencia a una persona imputada por filtrar datos personales y privados de un ciudadano para atacar políticamente a la señora Ayuso, porque este es el origen de todo este follón que nos han montado. Así las cosas, el fiscal que dijo haber borrado sus mensajes por un “protocolo” inexistente, se ha encontrado con otra fiscal, del sector progresista, por cierto, que confiesa haber advertido del riesgo de filtrar esos correos del abogado del novio de Ayuso por saber que era ilegal a todas luces. Esta fiscal dice que cuando le preguntó al fiscal general si él había filtrado esos documentos, él le respondió: “Eso no importa ahora”. ¡Tócate las narices! Sí que importa y mucho, porque desmentir un supuesto bulo es negarlo y punto. Esto no sería ningún delito por sí mismo, el delito sucede cuando para desmentir ese supuesto bulo se utiliza material privado y reservado que solo debe de obrar en manos del interesado y de la hacienda pública y, en su caso, del fiscal al que le haya tocado el asunto, Así pues, en ningún caso, puede hacerse público y, mucho menos, por el fiscal general del estado. Hay delito y debe haber condena y, por supuesto, debe dimitir el señor García Ortiz, quien va a dejar el prestigio de la institución por los suelos, cosa que parece importarle un pito. Pero no todos los fiscales están por la labor de silenciar la destrucción total del prestigio de una institución tan importante en un estado de derecho, como se supone que es España. Tal y como lo ha llevado el gobierno, este asunto puede tocar seriamente la mayoría “progresista” de Sánchez y eso es a lo que el presidente no está dispuesto. Para rematar la jugada, Sánchez pretende sacarse de la manga una ley que impida las acusaciones populares y pretende hacerlo con carácter retroactivo, lo que supondría el carpetazo a la investigación de su mujer, de su hermano y del propio fiscal general. Esto se parece a la Venezuela de Maduro cada vez más, pero, por añadir algo más, Sánchez se resiste a presentarse a una cuestión de confianza como exige su propio socio Puigdemont. No le interesa a Sánchez saber si cuenta con mayoría parlamentaria y mucho menos saber lo que piensan los españoles dejándoles votar. Lo dijo el propio presidente, “se puede gobernar sin el legislativo”, y yo añado, y sin el pueblo, pero a eso se le llama dictadura. Piénselo.