Las deudas, salvo la ley de segunda oportunidad, que puede perdonar, a los vecinos que se acojan a ellas y estén dentro de las condiciones que se exigen para estos casos. Y como es natural, no afecta al Gobierno de España, como tal. La deuda española, por los impagos a las renovables, sigue su curso y asciende al montante de 1.870 millones de euros, y afecta a 26 empresas, las cuales, ofrecen un acuerdo amistoso, al Gobierno de España, para poner fin al litigio que les enfrenta y que hasta el momento, todos los fallos, han sido favorables a los recurrentes.

Estas primas suprimidas por el ejecutivo español, suman esa cantidad, por los impagos de los laudos dictados contra España. El anuncio se hizo en el transcurso de la tercera conferencia de las renovables, celebrada en Madrid. Las empresas buscan una solución negociada, que liquide este asunto, antes de acudir a los tribunales en busca de medidas cautelares, contra bienes y capital español.

La deuda neta contraída, es de 1.562 millones de euros, en concepto de indemnización, el resto son gastos e intereses de la deuda acumulada, siendo por el momento, ejecutadas 26 condenas, en su mayoría afectan a las mayores energéticas del planeta, como E.ON, NextEra, EDF, RWE y otras. Desde el inicio del proceso en octubre de 2022, hasta el mes de junio de 2024, la deuda acumulada en laudos pendiente, pasó de los 700 á los 1.562 millones de euros, a esta cantidad hay que añadir 308 millones, más de gastos, como son: Intereses y honorarios de abogados y consultores.

Las empresas afectadas, tienen cuatro procedimientos abiertos en Reino Unido, al objeto de embargar bienes españoles, otros cuatro en marcha en Australia y 14 de registros en curso, en los Estados Unidos, así como un laudo, que podría, parar ante los tribunales de Israel.

La Justicia Británica autorizó la confiscación de diversos activos, incluidos bienes inmuebles y derechos financieros; Australia dictó una sentencia, que abre la puerta a las mismas medidas anteriores y los Estados Unidos acaba de iniciar la vista oral de uno de los procesos que afecta a NextEra, una de las principales compañías de mundo, en energía renovable. En este caso, la deuda se acerca a los 300 millones de euros.

Las empresas trasladan al Gobierno español su preocupación e inquietud para resolver esta situación de forma negociada, sin que, sea dura, para los intereses españoles, al proponer una quita de hasta el 80% de lo señalado. Aunque de momento, el Gobierno, no ha movido ficha al respecto y los procesos siguen su curso en los respectivos tribunales a la espera de alguna respuesta por parte de España. Sería una buena noticia que el Ejecutivo, diese el brazo a torcer y llegase a un acuerdo satisfactorio.