Encontrar una solución que satisfaga a todos en el tema de los migrantes extranjeros menores no acompañados es francamente difícil. En todo este proceso parece que se obvia de manera permanente que estamos hablando de niños y niñas que llegan a nuestra tierra, principalmente a las islas Canarias, en unas condiciones muy lamentables. Hay demasiado enfrentamiento entre el Gobierno central y muchos de los que rigen en las comunidades autónomas. Es un proceso-totalmente político, en el que se trata de imponer un criterio, un reparto de migrantes sin analizar en profundidad los centros de que se dispone para acoger a estos menores, y parece que el único fin es darles cama y comida.

Recordemos que el Ministerio del Interior informó en su momento que en 2024 el país recibió 63.970 migrantes irregulares, lo que supone un incremento significativo respecto a los 56.852 registrados el año anterior.

La llegada de migrantes menores no acompañados –la tasa aumentó en ocho años hasta un 221,4%– es un paso de la transición a la vida adulta, de ahí que sea necesaria una estrategia conjunta para evitar que los proyectos vitales de estos jóvenes se vean interrumpidos al cumplir la mayoría de edad. Los datos informativos hechos públicos en los últimos tiempos señalan que son muchos los jóvenes que han estado tutelados y que ahora, con la mayoría de edad, se encuentran en situación de calle. Es fundamental que estas bolsas de los que fueron tutelados no aumenten de forma alarmante de ahí que se demande desde numerosos frentes sociales dar respuestas adecuadas con las que poner freno a una realidad demasiado palpable en muchas calles de nuestro país. Los proyectos vitales de estos jóvenesno pueden verse interrumpidos al cumplir la mayoría de edad. Es necesaria una transición conjunta a la vida adulta.

Los últimos datos, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central –socialistas– y Junts, señalan un reparto no muy equitativo en lo relativo al traslado de estos menores a otras comunidades autónomas. Se dice que son 4.400 menores extranjeros no acompañados que están alojados en centros masificados de Canarias. Mientras que a Galicia se pretende desplazar 326, y a Madrid 806, a Euskadi 87 y a Cataluña 26.Las cifras me parecen totalmente desproporcionadas y hago hincapié en lo que se señala en el decreto ley regulador del proceso: “ Cualquier comunidad autónoma que multiplique por tres su capacidad ordinaria para atender a esos menores podrá declararse en estado de ‘contingencia migratoria’”. La Conferencia sectorial de infancia y adolescencia podrá decidir cuáles son los requisitos para declarar esa contingencia migratoria extraordinaria, y de este modo aprobar el plan para el traslado de los menores a otras comunidades. Si no hay acuerdo el Gobierno podría aplicar las reglas generales. En el proceso se analizarán criterios tales como: población, renta bruta de los hogares de las comunidades de destino, tasa de paro del último semestre, dispersión de la población, el esfuerzo realizado y las plazas existentes.

En el aspecto económico se refleja que habrá un fondo de sobreocupación de 100 millones de euros que se repartirá entre las comunidades que reciban a niños y niñas en acogida llegados de otras zonas, que superen su capacidad ordinaria y con un número de plazas superior a la media estatal.

Como decía al inicio de mi artículo no podemos olvidar que estamos hablando de niños y niñas que se encuentran totalmente desamparados en ese paso tan fundamental que es el de la infancia a la adolescencia.