Cada europeo desperdicia más de diez kilos de comida al mes, una realidad bochornosa que lo es aún más con los precios disparados y las caídas en las cosechas por la sequía, y para evitarlo se espera la llegada de una ley que pretende combatir el derroche y que hasta ahora tiene aliados, flecos y tareas pendientes.

Que la comida no se debe tirar porque supone un importante despilfarro de recursos -económicos y medioambientales- y es éticamente reprobable, va calando en la conciencia ciudadana y en los planes de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas de la cadena alimentaria, y se plasma en la futura ley pendiente de su último trámite.

Los colectivos que aplauden su desarrollo y aprobación echan en falta un presupuesto que la acompañe y un calendario concreto para su desarrollo normativo; entre los grandes logros, destacan la obligación de acotar y definir el problema, de ponerle luz y cifras.

"Si preguntas a alguien si tira comida en casa siempre te va a decir que no, con las empresas pasa lo mismo", explica a EFE el director en España de Phenix, Jean-Baptiste Boubault; su firma trabaja ya en el país para ayudar a las compañías de fabricación y distribución alimentaria a establecer la operativa que les permita prevenir un despilfarro que puede suponer el 2 % de su facturación.

El proyecto de ley ha pasado este jueves por el Pleno de Congreso, por lo que en breve será una obligación para las empresas cuantificar lo que tiran y elaborar planes para dejar de hacerlo, entre otros aspectos.

Se estudió en Consejo de Ministros hace casi un año, cuando España se afanó en sacar una ley que sólo había aprobado Francia en el contexto europeo; una norma que señala la jerarquía de prioridades de uso de los excedentes e incluye sanciones para las compañías de hasta 60.000 euros.

Y es una las iniciativas normativas marcadas como prioritarias en los objetivos del Ministerio de Agricultura para esta legislatura.

EL TABÚ DEL DESPERDICIO

Phenix ya trabaja en Francia con 17.000 empresas y en España con firmas como Leclerc y la cadena Áreas; entre las barreras que identifica de esta experiencia resalta el "tabú" de reconocer el desperdicio y la responsabilidad en las donaciones.

Por esto, entiende que la ley es un buen "paso", ya que a su juicio "sólo medir supone ya reducir; cuando empiezas a calcular algo te empiezas a preocupar por saber de dónde viene".

En su caso, trabajan en el desarrollo tecnológico y el acompañamiento humano que se necesita, por ejemplo, para conseguir vender a precios reducidos los productos con fecha de caducidad próxima.

"Puede parecer fácil, pero implica impresoras portátiles, que el sistema sea reconocido por la caja, saber cómo detectar lo productos próximos a caducar o cómo comunicarlo bien al cliente", apunta.

Y es ahora, cuando la ley se acerca y los costes presionan los márgenes, el momento en el que hay más argumentos para trabajar con método para evitar un problema que, según los cálculos de esta firma, supone entre el 1,5 % y el 2 % de la facturación.

En cuanto al proyecto de ley, vuelve ahora a la Cámara Alta donde hay colectivos que no pierden la esperanza de incluir alguna mejora.

Es el caso del grupo "Ley sin Desperdicio", que aglutina a varias organizaciones que han dado la batalla durante el periodo de tramitación, especialmente cuando llegó al Congreso y en su opinión "perdió parte de su ambición".

Así lo entiende la portavoz de este colectivo, María González, quien en declaraciones a EFE reconoce los avances de la ley, pero en la que echa en falta un calendario para su desarrollo normativo y un presupuesto para llevarlo a cabo.

Valoran que se hayan reforzado las obligaciones de las administraciones públicas para medir y evaluar el desperdicio en todos los eslabones y consideran un criterio "muy elevado" que sólo los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados están obligados a incluir la jerarquía de prioridades o las donaciones.