Un grupo de jugadores del sorteo de la Lotería de Navidad, agrupados por un despacho de abogados de Barcelona, defiende que sus números fueron agraciados porque los niños de San Ildefonso los cantaron, aunque resulta que lo hicieron erróneamente, por lo que esos décimos no están en la lista oficial final.

El reglamento de loterías es claro: los números agraciados son aquellos que realmente aparecen en los alambres y la lista oficial y no aquellos que hayan podido ser leídos erróneamente por los niños de San Ildefonso en un sorteo a toda velocidad con cerca de dos mil pedreas.

También se establece la previsión de controles fehacientes con interventores y otras figuras para dar más seguridad jurídica al sorteo y transcribir escrupulosamente cada número introducido en el alambre tras salir del bombo.

Es así como se constituye al final una lista oficial de premios que es pública y comprobable incluso 'in situ' tras el sorteo de la Lotería de Navidad.

En el sorteo del 22 de diciembre de 2021, según el grupo de afectados, se leyeron mal hasta 56 números, una cifra que para algunos es muy alta, aunque lo cierto es que solo representa un 3,1 % de los 1.794 premios de pedrea cantados por los niños.

La abogada barcelonesa Olga Majoral, cuyo despacho está centralizando las demandas de todas las personas afectadas por estos "premios fantasma", ha explicado a Efe que merecen una respuesta de Loterías y que algunos de sus clientes quieren ir "hasta el final".

Por ahora, su despacho ha presentado una reclamación administrativa a Loterías todavía sin respuesta, una tardanza que la letrada justifica porque su reclamación tiene más de quince páginas y "lo lógico es que si quieren dar una respuesta rigurosa lo estudien bien".

Si llegado el caso nadie les contestara o se les negara una respuesta satisfactoria, ha explicado, no cierran la puerta a acudir entonces a la vía contenciosa-administrativa.

"En ningún caso creemos que haya delito de fraude o se pueda ir a la vía penal", ha matizado a Efe.

Para la abogada, el sorteo de la Lotería Nacional "no es ningún bingo de pueblo, sino un sorteo donde se reparten muchos millones", lo que en su opinión exige "garantías suficientes" que ahora no se están dando.

Majoral reconoce que no puede recaer la responsabilidad de posibles errores "en unos niños", pero apunta que la forma de proceder es "arcaica" y que existe hoy en día tecnología suficiente como para evitar estos errores que han costado un disgusto a decenas de personas.

Entre las afectadas está Txell Llorac, una joven cuya alegría por escuchar su número de lotería se desvaneció cuando ni en internet ni en la administración cercana a la que fue a preguntar daban su décimo como premiado. Tenía 74 billetes y pensaba haber ganado 7.400 euros.

En su intento por conseguir que lo dieran por bueno, buscó el minuto exacto en el que uno de los niños dice su número, el 29281, justo cuando había transcurrido una hora y treinta y dos minutos del sorteo, pero aún no ha obtenido respuesta.

Llorac, como muchos otros afectados, ha confiado a Majoral la defensa de su caso y ha puesto en duda el control que hacen los notarios tras el cante de los niños de San Ildefonso.

Majoral reconoce que más allá de los casos concretos buscan "reformular un debate sobre las garantías y la opacidad del sorteo".

Según ella, debería poder consultarse el listado provisional de números que se elabora durante el sorteo y no solo el oficial revisado final.

Sobre la posibilidad de que las personas que tienen uno de esos números "fantasma" tengan o no opción a reclamación, Adalberto Guerrero, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, ha explicado a Efe que "estamos hablando de un error humano" y que eso implica que en todo el sorteo haya carencias de seguridad jurídica.

"El niño se puede equivocar, pero hay garantías para detectar y comprobar, y existen personas allí haciendo funciones de fedatario público", ha recordado.

Al mismo tiempo, el abogado de Círculo Legal sí ha destacado que no es óbice para que los afectados puedan reclamar indemnizaciones si consideran que ha habido "daño moral o económico".