La Consellería de Facenda prevé abonar otro 25% de la paga extra suprimida a los empleados públicos en diciembre de 2012 antes de que termine el año.

Así se lo trasladó ayer el titular del departamento, Valeriano Martínez, a los sindicatos, en una serie de reuniones bilaterales y previas a la mesa general de las administraciones públicas, que la Xunta ha convocado para hoy.

A mediados de año, el Gobierno gallego se comprometió a adelantar el abono de este otro 25% de la extra –que se suma al 25% ya recuperado– y ahora se encuentra en disposición de cumplir su promesa, según señalan fuentes de la consellería, al contar con la “habilitación legal” que supone el real decreto aprobado por el Ejecutivo central el pasado viernes.

Unos 400 euros

De media, esta medida supondrá unos 400 euros por trabajador, mientras que el coste estimado para la administración será de unos 50 millones de euros.

En cuanto a los plazos, las fuentes de Facenda explican que la intención es aprobar cuanto antes el proyecto de ley en el Consello de la Xunta pero que su validación final dependerá del calendario del Parlamento. “Pero el compromiso es que sea este año”, subrayan.

Por parte de los representantes sindicales, este anuncio fue  recibido con reservas, al denunciar, en palabras del portavoz de UGT, José Vázquez, que Galicia “va a remolque del Estado y encima, lentos”.

Al respecto, UGT solicitó en el encuentro informal de ayer que se derogue la ley de medidas aprobada aquel año 2012, “y a partir de ahí, se puede hablar”. Sin embargo, Vázquez comentó que “no parece” que Facenda esté dispuesta a ello”.

Por parte de CCOO, su portavoz, Ramiro Otero, calificó de “insuficiente” esta medida, toda vez que “queda por recuperar parte de la paga extra”. Además, Otero apuntó a la negociación del capítulo primero de los presupuestos de la comunidad para el año que viene.

Mientras, el área pública de la CIG criticó en un comunicado que “la Xunta se limita a seguir las instrucciones que recibe del Estado español en materia de servicios públicos”. “El conselleiro adelantó que la Xunta se limitará a trasladar al personal que dependa de la administración pública gallega los contenidos de los decretos establecidos por el Gobierno español”.

Por último, el sindicato CSIF, consultado por Europa Press, rechazó hacer declaraciones sobre los encuentros de ayer al ser “una primera aproximación”.